jueves, 29 de octubre de 2009

AUH: Anuncio de la Presidenta Cristina Fernández

“Esto es un acto de estricta reparación”


La asignación universal finalmente salió por decreto. La cobrarán todos aquellos que actualmente no perciben salario familiar. Los fondos, unos 10 mil millones de pesos anuales, saldrán de la Anses. Se exigirán vacunas y escolaridad.

Y en eso llegó la asignación universal. Con el efecto sorpresa que el Gobierno quiso imprimirle al anuncio, un efecto que buscaba compensar las críticas opositoras por la presentación el día antes del proyecto de reforma política, la presidenta Cristina Fernández sorprendió ayer a buena parte de la dirigencia política al anunciar la creación por decreto de la tan esperada asignación universal por hijo. El beneficio estará destinado a todos los menores de familias desocupadas o que trabajan en la economía informal. Consiste en una suma fija de 180 pesos que será cobrado por uno de los padres si se cumplen dos requisitos. En el caso de los menores de cinco años, los padres tendrán que presentar los certificados de vacunación y control sanitario obligatorio; para los que superen esa edad, el progenitor deberá mostrar documentación que acredite que su hijo está cursando el ciclo lectivo correspondiente. “Este es un acto de estricta reparación, pero será un acto de justicia cuando cada padre tenga un buen trabajo, un buen salario y una buena casa”, aseguró la Presidenta.

La implementación de esta asignación universal será financiada con fondos de la Anses por un total de 10.800 millones de pesos. Esa cifra se adicionará al presupuesto ya asignado al Ministerio de Desarrollo Social para el año 2010: alrededor de 14 mil millones de pesos. “Esto no va a terminar con la pobreza, pero va a servir como paliativo para quienes todavía no tienen trabajo”, aclaró la mandataria. El decreto que establece la asignación lleva el número 1602. Una locutora de la Presidencia lo leyó completo mientras las cámaras transmitían por cadena nacional.

Durante su exposición en el Salón de las Mujeres, la Presidenta se encargó de subrayar que la medida era posible gracias al pase al Estado de la administración de los fondos de las AFJP. “A los que no nos acompañaron en el Congreso cuando decidimos que los recursos de los trabajadores volvieran a la administración del sector público les decimos: bueno, fíjense cómo podrían haber ayudado para que esto se llevara adelante. Por suerte tuvimos las voluntades de aquellos que aún no perteneciendo a nuestro espacio, se sobrepusieron a la oposición por la oposición misma y apoyaron algo que había sido largamente demandado”, dijo CFK.

El acto había sido convocado a último momento y con el mayor de los hermetismos. La mejor prueba de eso fue la sorpresa con que los gobernadores que habían viajado a Buenos Aires para estar en la presentación del proyecto de ley de reforma política recibieron el llamado del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, que los instaba a permanecer en Buenos Aires y concurrir a la Casa Rosada al día siguiente. Al recibir las invitaciones, ninguno de los gobernadores fue informado sobre cuál sería el anuncio que se estaba preparando. Tampoco recibieron precisión alguna los dirigentes de las organizaciones sociales, incluso aquellos como Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro que fueron invitados telefónicamente por el propio Néstor Kirchner. “Nosotros no sabíamos sobre qué iba a ser el acto. Quizá sabía algo Agustín Rossi pero siempre se dicen tantas cosas”, comentó a Página/12 el diputado y apoderado de la CGT, Héctor Recalde.

¡Anses, Anses, qué grande sos!

En el oficialismo venían circulando varias propuestas sobre asignación universal por hijo desde hacía meses. El estudio de las distintas variables, cada una con su alternativa de financiamiento, también se había extendido al Congreso, donde varios bloques legislativos venían trabajando en sus propios borradores. Sin embargo, el proyecto que terminó inspirando al decreto fue monitoreado por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, su par de Economía, Amado Boudou, y el titular de la Anses, Diego Bossio. En la preparación colaboraron varios profesionales y especialistas en políticas sociales, algunos provenientes del espacio Carta Abierta. La propia CFK reconoció indirectamente que la asignación universal por hijo era un reclamo transversal a todos los partidos. “Había muchísimos proyectos, pero no encontrábamos en ninguno la fuente de financiamiento”, dijo.

La mención al financiamiento era una referencia indirecta al debate acerca de la conveniencia de crear un impuesto a la renta financiera para solventar el costo de la asignación universal. En el acto, la Presidenta dijo que según sus cálculos un gravamen de ese tipo sólo permitiría recaudar unos 500 millones de pesos. Otras cuentas del Ministerio de Economía elevaban la cifra a 1000 millones. En cualquier caso, ambas estimaciones están muy lejos de los casi 10 mil millones de pesos que terminará aportando la Anses. La explicación de la locutora fue escuchada con atención por gobernadores y ministros. Tampoco podían faltar los representantes de los derechos humanos, los movimientos sociales y la centroizquierda. En las primeras filas estaban Hebe de Bonafini, Estela Carlotto, Luis D’Elía (FTV), Edgardo Depetri (Frente Transversal), Carlos Heller (Partido Solidario), entre otros dirigentes.

La implementación de la asignación universal por hijo aprovechará la red de oficinas que la Anses tiene a lo largo del país. Los interesados en recibir el beneficio deberán presentarse ante la repartición más cercana con la partida de nacimiento de su hijo o hijos, el DNI y una declaración jurada del padre o progenitor que certifique que no tiene empleo en blanco. Una vez que el trámite haya sido aprobado, el interesado comenzará a recibir mensualmente el 80 por ciento del subsidio de 180 pesos –144 pesos– mientras que el 20 por ciento restante –36 pesos– se depositará todos los meses en una cuenta personal del Banco Nación. El beneficiario recibirá una tarjeta magnética y podrá retirar lo que se haya ido sumando en marzo del año siguiente: para hacerlo deberá demostrar que su hijo cumplió con el calendario de vacunación –en el caso de los menores de cinco años– o que terminó el año lectivo de manera regular.

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sábado, 10 de octubre de 2009

El Congreso aprobó la Ley de Servicios Audiovisuales


El Senado aprobó y convirtió en ley, tras casi 20 horas de debate, el proyecto oficial sobre Servicios de Comunicación Audiovisual, con una diferencia de 10 puntos en los artículos más polémicos.



Junto al bloque del Frente para la Victoria votaron en general a favor de la propuesta gubernamental los oficialistas que firmaron en disidencia el dictamen mayoritario -el jujeño Guillermo Jenefes, el chubutense Marcelo Guinle y su comprovinciana Silvia Giusti-, la radical correntina María Dora Sánchez y el bussista Carlos Salazar, que anunciaron un cambio de posición en los últimos días.

Sufragaron en contra los miembros del bloque de la UCR, y sus aliados María Eugenia Estenssoro y Samuel Cabanchik y los integrantes del Interbloque Federal, que reúne a justicialistas disidentes y partidos provinciales.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que estuvo hasta el final de la sesión, destacó que con la iniciativa "está de acuerdo la mayoría" y se mostró satisfecho con la sanción ante los medios que siguieron durante toda la jornada el debate.

La sesión insumió más de 19 horas en la que se registraron exposiciones de más 50 legisladores, de una cámara que registra un total de 72 miembros, que se expresaron con encendidos discursos cruzados, que se fueron diluyendo con el correr de las horas.

El articulo 161 -que establece un plazo máximo de un año para que los medios de comunicación se adecuen a las nuevas exigencias de la ley y los obliga a desprenderse de emisoras que deberán ser vendidas de urgencia- tuvo el apoyo de 38 oficialistas y la resistencia de 28 opositores, más la abstención de la radical correntina María Dora Sánchez, y el sorpresivo retiro unos minutos antes de los senadores radicales de Catamarca, quienes no explicaron las razones de su abandono del recinto cuando faltaban apenas minutos para la votación.

En otros dos artículos, el oficialismo vio reducido su número a 40 y la oposición subió a 29: fue en los que llevan los números 14, que describe los integrantes de la Autoridad de Aplicación de la ley; y el 32, con los mismos votos, que permitirá al Poder Ejecutivo entregar las licencias en ciudades de 500 mil personas, mientras la autoridad de aplicación, lo hará sobre poblaciones que no alcancen ese medio millón de personas.

El último orador antes de la votación en general, el oficialista Miguel Angel Pichetto, aseguró que "vamos a respaldar este proyecto en particular y en general porque tiene reformas importantes, porque ha venido mucha gente a decir que la votemos como está. Ninguna norma es perfecta, ninguna norma es sancionada a perpetuidad", afirmó.

El legislador afirmó que "hace poco Francia votó sobre la reforma de la Constitución y se definió por un voto y no ocurrió nada" y puso como ejemplo la noche en la que cayó la denominada resolución 125, en una sesión en la que desempató Cobos, quien esta noche también presidía la sesión: "Hace poco vivimos una noche trascendente, en la cual su voto desempató", rememoró.

El jefe del bloque radical, Ernesto Sanz, afirmó que el gobierno de Cristina Kirchner construyó una "matriz autoritaria", enfatizó que "no se puede vivir en un país sometido al berrinche de una persona", y vaticinó que la norma de Medios que impulsa el oficialismo "va a ser inaplicable" y denunció que "el gobierno ha utilizado en todos estos años desvergonzadamente el dinero público para premiar a amigos que hablaban bien del gobierno y castigar a los que eran críticos de su gestión".

El socialista santafesino Rubén Giustiniani afirmó que iba "a acompañar en general la sanción" de la ley de medios, porque "siempre será mejor una ley de la democracia que una de la dictadura militar" y sentenció que "el Partido Socialista es y será oposición a este gobierno", aunque eso "no significa votar todo en contra".

El presidente de la UCR, Gerardo Morales, afirmó que los principios que inspiran la se basan en "una teoría autoritaria que tiene su basamento en la expansión del Estado" y que "en la lógica del autoritarismo, se busca restringir la información y producir apatía en el pueblo a través de la desinformación para poder expandir su poder".

Pese a la aprobación de la iniciativa, en su discurso los legisladores Juan Carlos Romero (peronismo disidente de Salta; el puntano Adolfo Rodríguez Saá; y el santafesino Carlos Reutemann, al igual que la cívica María Eugenia Estenssoro, cuestionaron con dureza el proyecto, pero finalmente no lograron que se impedir que se convirtiera en una ley que nace con polémica.