Las AFJP ya son otro recuerdo de los ’90

Anuncio de la Presidenta Cristina Fernández:

El proyecto dispone la obligatoriedad del régimen de reparto para todos los afiliados. La capitalización privada, voluntaria con aportes extra.
Con 46 votos a favor y 18 en contra, el kirchnerismo sancionó la ley que devuelve al Estado la administración de las jubilaciones. Además de los senadores oficialistas, el Gobierno sumó el apoyo de legisladores socialistas, del MPN y del ARI fueguino.


Era un final anunciado, pero no por eso menos importante. El Senado selló ayer el fin de las AFJP. Sin sorpresas ni sobresaltos, con 46 votos a favor, 18 en contra y una abstención, el oficialismo consiguió convertir en ley el proyecto que devuelve a manos del Estado el manejo sobre todo el sistema previsional. A los votos oficialistas se sumaron los de varios opositores. Los aristas fueguinos, el socialismo y el Movimiento Popular Neuquino respaldaron la eliminación del régimen de jubilaciones privadas. En cambio, el radicalismo, la Coalición Cívica, el peronismo anti K y algunos partidos provinciales rechazaron de plano el proyecto del Gobierno.

Tras casi un mes de trámite parlamentario, el Congreso transformó en ley el proyecto que la Presidenta anunció públicamente el 20 de octubre en un acto en la Anses. A los senadores les llevó ayer casi doce horas de debate en el recinto fijar posiciones que ya se conocían y definir en la votación el destino final del sistema privado de capitalización –creado por Carlos Menem y Domingo Cavallo–, que convivió durante catorce años con el estatal de reparto. Ahora, a partir de la promulgación de la ley, la Anses manejará el Sistema Integrado de Previsión Argentino (SIPA) y todos sus recursos económicos.

“Estamos ante un cambio de trascendencia histórica, tal vez después se pueda mejorar. Pero acá estamos defendiendo el núcleo duro del tema: que el Estado maneje los recursos del sistema previsional. El sector privado ha fracasado”, dijo el jefe del bloque k en el Senado, Miguel Angel Pichetto. Hacia el cierre del debate, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la Anses, Amado Boudou, seguían la sesión en el recinto junto al presidente de la comisión de Previsión de la Cámara baja, el formoseño Juan Carlos Díaz Roig. “No estamos violando el derecho de propiedad”, sentenció el senador rionegrino para ahuyentar los fantasmas sobre la litigiosidad que, según empresarios y opositores, los aportantes al sistema privado desatarán contra el Estado.

Nadie, ni defensores ni detractores del proyecto oficial, arrojó un salvavidas a las administradoras privadas. La mayoría de los 39 oradores arremetieron contra el “saqueo” que las AFJP ejercieron sobre los aportes de los trabajadores. Toda la discusión giró alrededor de la “necesidad” de otorgar más tiempo a la discusión sobre una “reforma integral” del sistema previsional y los controles que, de ahora en más, deberían ejercerse sobre el manejo de los recursos por parte de la Anses: un fondo de entre 80 y 90 mil millones de pesos que recibirá del sistema privado, más un flujo anual de entre 12 y 14 mil millones de pesos entre aportes de los trabajadores y contribuciones patronales.

Así, el oficialismo logró alinear al grueso de su tropa detrás del proyecto oficial, que llegó con algunas modificaciones desde Diputados, y dejó a la oposición sin aliados. Sólo quedaron afuera los rebeldes salteños Juan Carlos Romero –que presidió la Comisión de Presupuesto del Senado cuando se aprobó la creación del sistema privado– y su compañera Sonia Escudero. El cordobés Roberto Urquía, que tampoco avalaba la iniciativa, faltó a la cita. En cambio, los díscolos santafesinos Carlos Reutemann y Roxana Latorre acompañaron en general, pero prefirieron no expresar sus disidencias en particular durante el debate. La chaqueña Elena Corregido se plegó en general, pero expresó sus “observaciones”.

Algunos bloques opositores también respaldaron en general el proyecto: el MPN, el socialismo y el ARI de Tierra del Fuego. “Para los socialistas es volver a la Constitución. El artículo 1º determina la vuelta al sistema de reparto, aunque vamos a plantear serios reparos en particular. Los socialistas estamos votando con la misma convicción que en ’93, cuando dijimos que la privatización del sistema previsional iba a ser una gran estafa”, dijo el santafesino Rubén Giustiniani.

Desde la oposición, el arista José Martínez fue uno de los más acérrimos defensores del regreso del sistema previsional al Estado. “Coincidimos con el Gobierno, a pesar de todas nuestras críticas, en que el Estado es el que debe manejar los recursos jubilatorios”, dijo. El senador fueguino recordó que su provincia se enfrentó a Menem y Cavallo y se negó a privatizar el sistema previsional. El ex radical k Pablo Verani –que planea su regreso al redil radical opositor– pidió “permiso para abstenerse”.

El resto de la oposición mantuvo su rechazo al proyecto. “La Anses va a manejar el Fondo Monetario Nacional, con el 40 por ciento del PBI y sin ningún tipo de control”, arrancó el radical Gerardo Morales para luego pedir que el Banco Nación maneje los fondos que la Anses heredará del sistema de capitalización. Aunque admitió que “las AFJP saquearon y ralearon los bolsillos de los trabajadores”. Por la CC, María Eugenia Estenssoro rechazó de plano el proyecto oficial. “Proponemos un plazo de siete meses para discutir un sistema único de reparto, porque la precariedad institucional de este proyecto es gravísima”. Y advirtió sobre la catarata de juicios que afrontará el Estado.

Adolfo Rodríguez Saá fue la voz del peronismo anti k, con citas a Perón y críticas a un proyecto que “afecta la propiedad privada” y “la seguridad jurídica”. Chiche Duhalde prefirió no hablar en el recinto, pero también votó en contra. Sin representantes en la cámara, el macrismo recurrió al clamor desesperado para sostener con vida a las AFJP: los diputados Federico Pinedo y Julián Obiglio se ganaron un espacio en los medios al pedirle a Julio Cobos que, en su calidad de vicepresidente a cargo del Ejecutivo, vetara la ley (ver página 4). Nadie en el kirchnerismo le prestó seriamente atención al pedido. Ya habían pasado casi trece horas de debate y ni el tratamiento en particular había logrado alterar los 46 votos oficialistas. El funeral de las AFJP ya estaba en marcha.

Fuente: Casa Rosada y Pagina/12

Argumentos: Detalle

Ley de movilidad jubilatoria

"La jubilación no puede ni debe ser un negocio"

Por Cristina Fernández de Kirchner para La Capital de Mar del Plata - 29/10/08


"'El balneario de todos y cualquiera', así la describió alguna vez Joaquín Sabina. Lo cierto es que la historia de Mar del Plata tiene un singular paralelismo con la historia nacional. Nació como un lugar de veraneo para la elite conservadora de fines del siglo XIX. Sin embargo, en 1920 fue la primera comuna en elegir a un socialista como intendente en la Argentina.

Con la irrupción del peronismo, los trabajadores cambiaron considerablemente su nivel de vida. Alcanzaron mejores salarios, salud, educación y jubilación. Y, además, las playas de Mar del Plata.

Desde aquella época, transmite una rebeldía igualitaria que resiste privilegios. Pero para que Mar de Plata sea el balneario o la ciudad de todos, tiene que haber un Estado promotor que busque garantizar la igualdad de oportunidades de todos sus ciudadanos.

Lo mismo pasa con el tema de las jubilaciones. Actualmente el 77 por ciento de los 450 mil jubilados que cobran a través de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) estaría percibiendo un haber inferior al mínimo de 690 pesos.

Si eso no ocurre, es porque desde el Gobierno nacional se destinan anualmente 4 mil millones de pesos para que nadie esté por debajo de la jubilación mínima. De seguir así, el año que viene los aportes estatales crecerían a 4400 millones y en cinco años totalizarían 25.000 millones de pesos.

Por cada 40 mil pesos acumulados en una AFJP se reciben sólo 220 pesos de jubilación, el resto lo paga el Estado.

En cambio, una persona que gana 462 pesos de jubilación en una AFJP estaría obteniendo 1033 pesos en el sistema solidario de reparto.

Y, para agregar tan sólo un dato más, debido a la crisis de los mercados, quienes cobran por el sistema privado en 2008 estarán recibiendo hasta un 17 por ciento menos que el año pasado.

"Un cambio estructural y estratégico"

La semana pasada se tomó una decisión que significa un verdadero cambio estructural y estratégico del sistema previsional. Pero esta decisión se tomó fundamentalmente, en defensa de nuestros jubilados y pensionados.

Desde el sector público se decidió auxiliar al sector privado para recuperar el valor de la solidaridad del sistema de reparto.

Los recursos de nuestros jubilados no son ni pueden ser fuente de especulación. La jubilación no puede ni debe ser un negocio. Trece aumentos consecutivos se dieron en los últimos cinco años. Se incorporaron un millón y medio de personas que estaban afuera de todo sistema de jubilación. Y se consagró legislativamente, por primera vez, la movilidad jubilatoria para que los aumentos sean automáticos y no dependan del Presidente o Presidenta de turno.

Se habla de administración eficiente de los recursos. Las AFJP han sido ineficientes y además ineficaces. Gastan casi el 10 por ciento de los recursos de sus aportantes sólo en administración. La Anses, en cambio, gasta el 2,5 por ciento.

El sistema privado "invirtió" 3742 millones de pesos en mercados a futuro. Esos mercados que hoy tienen en vilo a la economía mundial.

Esta decisión se tomó a pesar de que el reglamento de nuestro sistema previsional prohíbe expresamente que los recursos de nuestros jubilados o pensionados puedan ser timbeados en la especulación financiera.

Hubo un sistema que se desmoronó estrepitosamente. Y, una vez más, el Estado es convocado para hacer frente a las políticas de saqueo.

"Nosotros protegemos a nuestros jubilados"

Sin embargo, resulta por lo menos paradójico que los analistas locales midan con distinta vara la intervención estatal en el mundo desarrollado que la intervención estatal en la Argentina.

Cuando los Estados norteamericano, francés o alemán estatizan bancos, aseguradoras o deudas privadas se los denomina 'rescates'. En cambio, en nuestro país es 'estatismo nostálgico'. Son pocos los intereses, pero grandes los dividendos.

Claro que hay diferencias. Mientras los grandes Estados del mundo adoptan una política estatista para la protección de grandes bancos y corporaciones económicas, nosotros protegemos a nuestros jubilados y nuestros trabajadores.

Un país no se construye únicamente con grandes planes y grandes anuncios. Se construye trabajando todos los días. Se gestiona minuto a minuto. Y sus resultados se verifican cuando se mejora la calidad de vida de personas de carne y hueso.

Fuente La Capital de Mar del Plata y Pagina 12

Texto de la Ley: Aqui

Las claves de la movilidad jubilatoria

1 - ¿Qué es la movilidad previsional?

–Es el mecanismo que se utiliza para aumentar las jubilaciones. Durante doce años no se aplicó ninguno, y así fue como los haberes quedaron congelados todo ese tiempo. Fue obra de Carlos Menem y Domingo Cavallo, quienes derogaron ese derecho básico e histórico a principios de los ’90 y hundieron el poder adquisitivo de las jubilaciones en un pozo profundo. Fernando de la Rúa y Patricia Bullrich, como su ministra de Trabajo, profundizaron el deterioro con un recorte en los haberes del 13 por ciento. Tras la devaluación de 2002, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández lo que hicieron fue dar aumentos por decreto, pero en porcentajes y con alcances de beneficiarios discrecionales. Eso llevó a un achatamiento de la pirámide salarial y hoy más del 70 por ciento de los jubilados cobra la mínima. Dos fallos de la Corte Suprema, conocidos como (Adolfo) Badaro, ordenaron volver a crear un índice objetivo para subir los haberes de manera automática. Esa es la ley que se discute en el Congreso.

2 - ¿Cuál es el índice que aprobó ayer la Cámara de Diputados?

–El índice se construye en base a una fórmula con dos componentes, el A y el B. El A, su vez, se divide en dos: la primera mitad surge de la evolución de los salarios de los trabajadores activos, que estará medida por el índice general de salarios del Indec (incluye los sueldos de los empleados en blanco, los públicos y en negro) o por el índice que elabora la Secretaría de Seguridad Social (el Ripte, que contempla sólo los movimientos de los sueldos de los trabajadores formales). Ese fue uno de los cambios al proyecto que introdujo el oficialismo. En la versión original sólo se consideraba el índice del Indec. Ahora se utilizará el índice salarial que arroje un mayor porcentaje de aumento. La segunda mitad del componente A considera la evolución de la recaudación previsional, pero sólo en la parte de los aportes tributarios (IVA, Ganancias, Combustibles, entre otros). El aumento de la recaudación, además, se divide por la cantidad de beneficios que paga la Anses. En el proyecto original había otro condicionante, que era que del total del aumento de la recaudación dividido por la cantidad de beneficios se apartaba un 10 por ciento de la suba para el Fondo de Garantía del sistema previsional. Ese punto se sacó a pedido de la oposición, para que el incremento a los jubilados sea mayor. La combinación de la parte salarial y de la recaudación arroja el resultado del componente A de la fórmula. Por ejemplo, 15 por ciento. Ahí entra a jugar el componente B, que toma en cuenta la evolución de la recaudación total de Anses (IVA, Ganancias, Combustibles más aportes y contribuciones), dividido por los beneficios que paga el organismo, más 3 por ciento. Eso da otro resultado: por ejemplo, 10 por ciento. La ley aclara que el componente A se usará siempre y cuando sea igual o menor al componente B. En el ejemplo, A daba 15 por ciento y B, 10. Entonces, el incremento para los jubilados será de 10 por ciento. Si B hubiera dado 20 por ciento, el aumento habría sido de 15. Es decir, para elevar las jubilaciones siempre su utiliza el porcentaje más bajo entre A y B.

3 - ¿Qué ocurre si el índice da un resultado negativo?

–No se aplica. Sólo se usa para aumentar las jubilaciones, pero nunca para bajarlas.

4 - ¿Cuándo subirán los haberes?

–Dos veces por año, en marzo y en septiembre, de acuerdo con la evolución de las variables del primer y segundo semestre. La ley entra en vigencia el 1º de enero de 2009. La oposición reclamó cuatro aumentos trimestrales, pero perdió la votación.

5 - ¿De cuánto serán los aumentos de 2009?

–Según fuentes del oficialismo, el índice permitiría subir los haberes entre 10 y 12 por ciento en marzo próximo y arriesgan que el alza de septiembre también rondará esos niveles. La oposición presenta otros números: pronostica que los incrementos no pasarán del 8 o 9 por ciento por semestre.

6 - ¿Habrá otro ajuste antes de fin de año?

–De manera extraoficial, fuentes del Gobierno responden que sí, pero piden prudencia para no generar expectativas. La oposición reclamó ayer en Diputados que la ley de movilidad entre en vigencia este año, para que se autorice una suba en diciembre. No prosperó.

7 - ¿El índice rige para las pensiones y para ex combatientes de Malvinas?

–Sí. Todos los beneficios que paga Anses a 5,4 millones de personas se ajustarán en marzo y septiembre por este índice. Ayer se incorporó al beneficio a las jubilaciones por edad avanzada.

8 - ¿Qué ocurrirá con la jubilación máxima?

–Tendrá la movilidad que determina el índice. El tope irá subiendo en marzo y septiembre junto al resto de los haberes. Lo mismo ocurrirá con el tope en los aportes de los trabajadores activos.

9 - ¿Qué pasará con la mínima?

–También trepará en función del índice, como el resto de los haberes. Fue un cambio en respuesta a la oposición. De todos modos, el Gobierno quedó autorizado a conceder ajustes que superen ese piso.

10 - ¿Cómo se moverá la Prestación Básica Universal?

–También de acuerdo al alza que determine el índice. En conclusión, la movilidad impactará sobre todo el haber. Aquel que gana 800 pesos pasará a ganar 880 si el índice arroja una suba de 10 por ciento. Esta fue otra de las modificaciones que aceptó el oficialismo por pedido de la oposición.

11 - ¿Docentes y científicos quedan incluidos en la ley?

–El oficialismo asegura que no, que docentes, científicos, jueces y diplomáticos conservarán una movilidad especial, que las jubilaciones de esos sectores seguirán la evolución de los salarios de los trabajadores activos por cargo o función. Sin embargo, fuentes de la oposición afirmaron que la redacción de la ley quedó muy confusa y que todos esos sectores finalmente quedarían incluidos en la movilidad general. Desde Anses admitieron que el punto todavía no está claro, porque existen cuestiones a resolver relacionadas con las diferencias salariales entre provincias. De todos modos, en el organismo indicaron que docentes y demás estatutos tendrían una movilidad especial por cargo o por función.

12 - ¿El índice se aplica para la determinación del haber inicial?

–Sí, se usará para calcular la jubilación inicial en el régimen de reparto. Con este índice se actualizarán los últimos 120 aportes (10 años) que se contabilizan para establecer cuánto arranca ganando una persona. Es un punto central. La oposición apuntó sus cañones a este tema, con el argumento de que al usar el nuevo índice se achata el haber inicial. En lugar de eso, reclamó que la actualización de los últimos diez años se haga con el Ripte, que toma sólo salarios y no lo mezcla con la evolución de la recaudación. Según sus cálculos, la diferencia es significativa. Con el Ripte, el porcentaje de ajuste es de 135 por ciento, mientras que con el nuevo índice sólo queda en 79 por ciento. Desde el oficialismo insistieron en que se hace sólo lo que podrá ser sustentable.

13 - ¿El índice se aplica a las sentencias judiciales?

–Sí. El Gobierno dice que es para favorecer a los jubilados, a fin de garantizarles una movilidad después de una sentencia en su favor y evitar que tengan que iniciar un nuevo juicio. La oposición, muy enojada con este tema, sostuvo que se busca todo lo contrario: poner un tope a las recomposiciones que otorga la justicia.

14 - ¿Qué más pedía la oposición?

–Su gran reclamo era que antes de empezar a usar el índice se recompusieran los haberes de aquellos que recibieron menores aumentos los últimos años y sufrieron una caída de su poder adquisitivo. El Gobierno admite que esta ley no soluciona el problema del achatamiento de la pirámide salarial hacia atrás, pero impide que se siga profundizando.

15 - ¿Por qué la fórmula tiene tantos pasos?

–El Gobierno argumenta que de ese modo se darán aumentos que sean sustentables y no desfinancien el sistema. El componente B, que actúa como tope al A, es para evitar situaciones de fuertes aumentos salariales de los trabajadores activos (por ejemplo, en períodos de alta inflación) que no sean acompañados por subas equivalentes de la recaudación total de Anses (en un escenario de recesión económica). El Gobierno sostiene que en este momento la recaudación viene subiendo más que los salarios, por lo cual el tope de B no actuaría. La oposición cuestiona que en ese caso, ya que la recaudación lo permite, el Gobierno no acepte que las jubilaciones suban en igual proporción, sino que siempre haga valer el porcentaje más bajo de suba entre los componentes A y B de la fórmula. La respuesta de Anses a esa crítica es que a mediano plazo A y B se compensan.

16 - ¿Por qué la suba de recaudación se divide por la cantidad de beneficios que paga Anses?

–El Gobierno afirma que hay que relacionar ambas variables, cuánto ingresa y cuánto se paga, para evitar distorsiones. La oposición retruca que es para poner otro tope a los aumentos a los jubilados. Como en este momento está subiendo mucho la recaudación, si no rigiera esa precaución los haberes treparían mucho más, denuncian. El Gobierno asegura que su intención es ser lo más generoso posible dentro de parámetros realistas. Se ampara en todo lo que hizo por los jubilados en estos años y aclara que esta ley es un paso más en la dirección de recomponer derechos. También indica que no se pueden olvidar los condicionantes que dejaron tantos años de destrucción del sistema. La oposición dice que son excusas.

Fuente: Pagina/12

Aerolíneas Argentinas y Austral volverán a manos del Estado

Anuncio de la Presidenta Cristina Fernández

Por 46 votos a 21, el oficialismo logró avanzar hacia la reestatización de las dos compañías aéreas. Tras la valuación, se buscará un acuerdo con Marsans y el aval del Congreso. Si no prospera, no descartan la expropiación.


El Senado de la Nación aprobó la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral por 46 votos a favor y 21 en contra. Con esta normativa, el Estado se compromete a rescatar las empresas a partir de la compra de sus paquetes accionarios. Además, declara como servicio público la actividad aerocomercial, con el objetivo de mantener la integración de las distintas regiones del país y determina que el Estado mantendrá siempre una mayoría accionaria del 51 por ciento. La ley acotó los alcances del acta-acuerdo firmada entre Ricardo Jaime, secretario de Transporte, y el grupo Marsans, al excluirla de su articulado y establecer que será el Tribunal de Tasación el que defina el precio de la compraventa, sin la intervención de los tasadores propuestos por los españoles (el banco Credit Suisse).

Luego del batacazo legislativo tras el voto “no positivo” de Julio Cobos, el oficialismo logró encolumnar su mayoría parlamentaria, a partir de los cambios introducidos en la Cámara baja y convertidos en ley por el Senado. El kirchnerismo consiguió la venia de Carlos Reutemann (PJ Santa Fe) y de Horacio Lores (Movimiento Popular Neuquino). También sumó el apoyo de Roberto Urquía (FpV Córdoba y dueño de Aceitera General Deheza), que votó a favor pero solicitó que la gestión de la empresa sea entregada a una compañía privada; de Sonia Escudero (PJ Salta), que acompañó en general pero rechazó el artículo 1, al igual que Elena Corregido (FpV Chaco). El ARI de Tierra del Fuego también acompañó la iniciativa oficial.

Los radicales Pablo Verani, Dora Sánchez y Emilio Rached no estuvieron presentes en la votación, al igual que Carlos Menem y Juan Carlos Romero.

La mayoría parlamentaria del oficialismo volverá a ser puesta a prueba cuando estén sobre la mesa el valor de la compraventa y el estado de la deuda de ambas compañías, que según admitió el propio secretario de Transporte, asciende a 890 millones de dólares. Sin embargo, el Tribunal de Tasación y la Auditoría General de la Nación dejaron entrever tras su paso por el Senado que la valuación, más allá de que se haga teniendo en cuenta el flujo de fondos futuros, será negativa. El proceso de reestatización recién comienza.

La sesión arrancó con la defensa del proyecto oficial en boca de Eric Calcagno, titular de la Comisión de Transporte. Su retórica lo llevó a remontarse a la privatización de 1990 (curiosamente, muy pocos senadores hicieron alusión en el recinto a Carlos Menem). “Estamos en un proceso de institucionalidad en marcha. Aerolíneas y Austral se están ahogando. Esto no es nada más ni nada menos que una bocanada de aire para nuestra aerolínea de bandera”, reflexionó el ex embajador.

La contraparte la dio el radical Gerardo Morales. Fiel a su estilo, repartió acusaciones contra los empresarios españoles y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. “Ambas empresas tienen un patrimonio neto negativo, una deuda postconcursal de 890 millones de dólares y 40 millones de pesos mensuales en déficit operativo. Los españoles pagaron un euro en 2001 y recibieron del gobierno español 758 millones de dólares. Si esto no es un vaciamiento, no sé de qué estamos hablando”, arremetió.

Nicolás Fernández (FpV Santa Cruz) lo interrumpió para recordarle: “Fue el gobierno de la Alianza –por medio de Patricia Bullrich– quien permitió que el gobierno español se liberase de sus obligaciones. Con el ingreso de Marsans, perdimos nuestra aerolínea de bandera”. Morales retomó la palabra para lanzar su propuesta: “Mandar la empresa a la quiebra y crear una nueva línea de bandera”.

La sesión fue extensa, pero lejos de tener la carga de tensión que vivió el Senado al momento del voto “no positivo” de Julio Cobos. Sin embargo, el debate por la reestatización de Aerolíneas dejó varios datos interesantes. La Auditoría General de la Nación señaló en reiteradas oportunidades que ambas compañías tendrían un patrimonio neto negativo de 102 millones de pesos y un pasivo neto de 585 millones. También la AGN denunció que todavía el grupo Marsans no presentó sus balances auditados de 2007. Tampoco pasó desapercibida la aprobación de los balances 2002-2005, cuando habían sido sistemáticamente impugnados por el Gobierno, sin hablar del rol de Jaime en la situación actual de ambas compañías.

“Se habla a veces de un Estado bobo o pasivo, pero acá tenemos un Estado cómplice. No termino de entender cómo un secretario tiene la capacidad jurídica para comprar una aerolínea en estas condiciones. Que se deje en claro que el acta-acuerdo no tiene validez y que la deuda de 890 millones de dólares la debe pagar Marsans”, manifestó Carlos Rossi (Frente Nuevo, Córdoba).

El socialista Rubén Giustiniani planteó la necesidad de considerar las distintas responsabilidades. “Los que hoy votan la reestatización votaron la privatización. Necesitamos pensar en una política de servicios públicos para el país”, reflexionó, con una exhortación poco escuchada.

El cierre fue tranquilo, Cobos cumplió su rol formal y no tuvo que desempatar. Ernesto Sanz, titular del bloque radical, criticó las modificaciones realizadas en Diputados, “por carecer de lógica jurídica al quitar del medio el acta-acuerdo y no dejar en claro cómo se valuará la empresa”.

“Si el Gobierno hubiera planteado la expropiación de entrada, nos hubieran tildado de chavistas. No se deja de lado ninguna alternativa de rescate. Le estamos dando al Gobierno una herramienta para mantener el servicio aerocomercial. El acta fue reformada y superada”, cerró Pichetto, antes de pasar a la votación que, esta vez, fue “no negativa” para el Gobierno.

Puntualidad sin los españoles

Las empresas aerocomerciales Aerolíneas Argentinas y Austral alcanzaron en agosto último los niveles más altos de puntualidad de los últimos 20 meses. Según destaca un estudio de puntualidad que realiza la Asociación Argentina de Derecho del Turismo, las partidas de cabotaje desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery tuvieron un 72,3 por ciento de puntualidad en agosto y una reducción importante en la demora promedio, que se ubicó en 32 minutos. El índice “mejoró fundamentalmente por la performance de Aerolíneas durante el último mes”, alcanzando a 74,1 por ciento de puntualidad en los vuelos de cabotaje, y a 65,2 en los internacionales. En agosto del año pasado, la puntualidad era de 27 y 18 por ciento respectivamente. Por su parte, las denuncias recibidas en la Asociación en relación con AA se redujeron casi a la mitad en los ocho primeros meses del año, y cayeron 79 por ciento en comparación con agosto de 2007. Finalmente, la regularidad de los vuelos –es decir, no cancelación– en las partidas de cabotaje desde Aeroparque alcanzó a 94 por ciento, frente al 76 de 2007, significando “una merma importante en los conflictos entre los usuarios y las líneas aéreas”, detalla el estudio de la entidad.

Fuente: Casa Rosada y Pagina/12