El Golpe Militar
Todo terminó a la una de la madrugada del 24 de marzo de 1976 cuando el general José Rogelio Villarreal le dijo a Isabel Martínez de Perón: “Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada”. O todo comenzaba. Es cierto: el país no estaba bien. Había inflación, crisis sindical, violencia y una sensación de ingobernabilidad absolutamente real. Pero lo que se iniciaba esa fatídica madrugada sería peor. Asumía el control del país una Junta de Comandantes en Jefe integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Agosti. “Control del país” significó, entre otras cosas, disolución de los partidos políticos y del Congreso, anulación de la libertad de prensa y expresión, reemplazo de la Corte Suprema de Justicia, supresión de toda actividad política y sindical, entrega económica. Y, fundamentalmente, muerte. Una pena de muerte disfrazada para “quienes causaren daño a medios de transporte, de comunicaciones, usinas, instalaciones de gas o agua y otros servicios públicos; para los que contaminaren el agua, los alimentos y las medicinas; para los que causaren daños con explosiones o incendios; para los que sean sorprendidos infraganti y no acaten las intimaciones, o se enfrenten con las fuerzas de seguridad", pero en realidad significaba para todo el país que no acatara las órdenes, por más irracionales que fueran.
Comenzaba el mayor genocidio de la historia nacional. El terrorismo de Estado ocupaba los sillones. El plan de exterminio estaba en marcha. La Argentina, los argentinos, nunca más serían los mismos.
Entrega económica
El golpe de marzo del 76 puso en marcha un proceso económico liberal de redistribución del poder y la riqueza. De la mano del Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, proveniente de la más rancia aristocracia porteña y hombre de confianza de la banca internacional, se implantó la reducción del déficit en base a las privatizaciones y la transferencia de los gastos a las provincias. La economía se “modernizó” abriendo las puertas a la importación, lo que obligó a la industria nacional a competir en un plano de absoluta desigualdad. El modelo de Estado benefactor, que propugnaba el Justicialismo, y las propuestas nacionales y populares cedieron por la fuerza ante la imposición del antecedente inmediato del neo-liberalismo.
La prensa muda
Comunicado N° 19 del 24/03/76“Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales”.
martes, 24 de marzo de 2009
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemora en Argentina a las víctimas políticas producidas por la última dictadura militar que gobernó el país, autoproclamada Proceso de Reorganización Nacional. Se conmemora anualmente el 24 de marzo en recuerdo del mismo día de 1976, fecha en la que se produjo el golpe de Estado que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, dando inicio a la dictadura militar. La fecha, instaurada como tal en 2002, es desde 2005 un día no laborable.
El 2 de agosto de 2002 el Congreso de la Nación promulgó la ley 25.633 creando al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el fin de conmemorar a las víctimas, pero sin darle categoría de día no laborable. Tres años después, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, se impulsó desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convirtiera en un día no laborable
El Congreso aceptó la propuesta del ejecutivo y declaró al 24 de marzo como día no laborable, estableciendo su inamovilidad, es decir, la imposibilidad de que se traslade al lunes o viernes más próximo.
El 2 de agosto de 2002 el Congreso de la Nación promulgó la ley 25.633 creando al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el fin de conmemorar a las víctimas, pero sin darle categoría de día no laborable. Tres años después, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, se impulsó desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convirtiera en un día no laborable
El Congreso aceptó la propuesta del ejecutivo y declaró al 24 de marzo como día no laborable, estableciendo su inamovilidad, es decir, la imposibilidad de que se traslade al lunes o viernes más próximo.
domingo, 22 de marzo de 2009
Solidaridad
Se invita a colaborar con Red Solidaria:
http://www.redsolidaria.org.ar/
http://www.compromisocontartagal.com/
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sábado, 21 de marzo de 2009
Patronales del Campo
Definicion Importante para saber:
Cierre patronal
El cierre o paro patronal, también conocido por su nombre inglés de lock-out (literalmente "cerrar y dejar fuera", expresión utilizada en inglés para referirse al apagado o puesta fuera de servicio de una máquina) es una medida de acción directa que consiste en la paralización total o parcial de las actividades de uno o varios establecimientos o actividades económicas, por decisión del empresario o patrón. A diferencia del derecho de huelga de los trabajadores, internacionalmente no hay ninguna norma que reconozca al paro patronal como derecho. El cierre patronal puede estar dirigido contra los trabajadores, especialmente los sindicatos, para evadir sus peticiones laborales, o contra el Estado, con el fin de forzarlas a cambiar determinada política pública, o como expresión de descontento contra determinado gobierno.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido el lock out como "el cierre total o parcial de uno o más lugares de trabajo, o la obstaculización de la actividad normal de los empleados, por uno o más empleadores con la intención de forzar o resistir demandas o expresar quejas, o apoyar a otros empleadores en sus demandas o quejas".
Historia
En la historia han existido algunos grandes cierres patronales, como el gran cierre patronal australiano de 1929-1930 en la industria minera, que constituyó el conflicto laboral más violento de la historia de Australia; el lock out de los camioneros en Chile, iniciado el 9 de octubre de 1972 que se generalizó a otros sectores y fue decisivo para desencadenar el golpe de estado que derrocó al presidente Salvador Allende al año siguiente; el lock out de los productores agropecuarios en Argentina declarado a fines de 1975, considerado una de las causas principales de golpe de estado de 1976 que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón.
Más recientemente se han producido cierres patronales en Uruguay, durante 2006, en el que los transportistas reclamaron contra la política implementada por el presidente Tabaré Vázquez, y en Argentina, en 2008, donde los productores rurales cuestionaron los impuestos y otros aspectos de la política agro ganadera.
Cierre patronal
El cierre o paro patronal, también conocido por su nombre inglés de lock-out (literalmente "cerrar y dejar fuera", expresión utilizada en inglés para referirse al apagado o puesta fuera de servicio de una máquina) es una medida de acción directa que consiste en la paralización total o parcial de las actividades de uno o varios establecimientos o actividades económicas, por decisión del empresario o patrón. A diferencia del derecho de huelga de los trabajadores, internacionalmente no hay ninguna norma que reconozca al paro patronal como derecho. El cierre patronal puede estar dirigido contra los trabajadores, especialmente los sindicatos, para evadir sus peticiones laborales, o contra el Estado, con el fin de forzarlas a cambiar determinada política pública, o como expresión de descontento contra determinado gobierno.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido el lock out como "el cierre total o parcial de uno o más lugares de trabajo, o la obstaculización de la actividad normal de los empleados, por uno o más empleadores con la intención de forzar o resistir demandas o expresar quejas, o apoyar a otros empleadores en sus demandas o quejas".
Historia
En la historia han existido algunos grandes cierres patronales, como el gran cierre patronal australiano de 1929-1930 en la industria minera, que constituyó el conflicto laboral más violento de la historia de Australia; el lock out de los camioneros en Chile, iniciado el 9 de octubre de 1972 que se generalizó a otros sectores y fue decisivo para desencadenar el golpe de estado que derrocó al presidente Salvador Allende al año siguiente; el lock out de los productores agropecuarios en Argentina declarado a fines de 1975, considerado una de las causas principales de golpe de estado de 1976 que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón.
Más recientemente se han producido cierres patronales en Uruguay, durante 2006, en el que los transportistas reclamaron contra la política implementada por el presidente Tabaré Vázquez, y en Argentina, en 2008, donde los productores rurales cuestionaron los impuestos y otros aspectos de la política agro ganadera.
jueves, 19 de marzo de 2009
Presentación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
18 de marzo 2009: la presidenta Cristina Fernández hace la presentación en el teatro Argentino de la Plata, del anteproyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
viernes, 21 de noviembre de 2008
Las AFJP ya son otro recuerdo de los ’90
Anuncio de la Presidenta Cristina Fernández:
El proyecto dispone la obligatoriedad del régimen de reparto para todos los afiliados. La capitalización privada, voluntaria con aportes extra.
Con 46 votos a favor y 18 en contra, el kirchnerismo sancionó la ley que devuelve al Estado la administración de las jubilaciones. Además de los senadores oficialistas, el Gobierno sumó el apoyo de legisladores socialistas, del MPN y del ARI fueguino.
Era un final anunciado, pero no por eso menos importante. El Senado selló ayer el fin de las AFJP. Sin sorpresas ni sobresaltos, con 46 votos a favor, 18 en contra y una abstención, el oficialismo consiguió convertir en ley el proyecto que devuelve a manos del Estado el manejo sobre todo el sistema previsional. A los votos oficialistas se sumaron los de varios opositores. Los aristas fueguinos, el socialismo y el Movimiento Popular Neuquino respaldaron la eliminación del régimen de jubilaciones privadas. En cambio, el radicalismo, la Coalición Cívica, el peronismo anti K y algunos partidos provinciales rechazaron de plano el proyecto del Gobierno.
Tras casi un mes de trámite parlamentario, el Congreso transformó en ley el proyecto que la Presidenta anunció públicamente el 20 de octubre en un acto en la Anses. A los senadores les llevó ayer casi doce horas de debate en el recinto fijar posiciones que ya se conocían y definir en la votación el destino final del sistema privado de capitalización –creado por Carlos Menem y Domingo Cavallo–, que convivió durante catorce años con el estatal de reparto. Ahora, a partir de la promulgación de la ley, la Anses manejará el Sistema Integrado de Previsión Argentino (SIPA) y todos sus recursos económicos.
“Estamos ante un cambio de trascendencia histórica, tal vez después se pueda mejorar. Pero acá estamos defendiendo el núcleo duro del tema: que el Estado maneje los recursos del sistema previsional. El sector privado ha fracasado”, dijo el jefe del bloque k en el Senado, Miguel Angel Pichetto. Hacia el cierre del debate, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la Anses, Amado Boudou, seguían la sesión en el recinto junto al presidente de la comisión de Previsión de la Cámara baja, el formoseño Juan Carlos Díaz Roig. “No estamos violando el derecho de propiedad”, sentenció el senador rionegrino para ahuyentar los fantasmas sobre la litigiosidad que, según empresarios y opositores, los aportantes al sistema privado desatarán contra el Estado.
Nadie, ni defensores ni detractores del proyecto oficial, arrojó un salvavidas a las administradoras privadas. La mayoría de los 39 oradores arremetieron contra el “saqueo” que las AFJP ejercieron sobre los aportes de los trabajadores. Toda la discusión giró alrededor de la “necesidad” de otorgar más tiempo a la discusión sobre una “reforma integral” del sistema previsional y los controles que, de ahora en más, deberían ejercerse sobre el manejo de los recursos por parte de la Anses: un fondo de entre 80 y 90 mil millones de pesos que recibirá del sistema privado, más un flujo anual de entre 12 y 14 mil millones de pesos entre aportes de los trabajadores y contribuciones patronales.
Así, el oficialismo logró alinear al grueso de su tropa detrás del proyecto oficial, que llegó con algunas modificaciones desde Diputados, y dejó a la oposición sin aliados. Sólo quedaron afuera los rebeldes salteños Juan Carlos Romero –que presidió la Comisión de Presupuesto del Senado cuando se aprobó la creación del sistema privado– y su compañera Sonia Escudero. El cordobés Roberto Urquía, que tampoco avalaba la iniciativa, faltó a la cita. En cambio, los díscolos santafesinos Carlos Reutemann y Roxana Latorre acompañaron en general, pero prefirieron no expresar sus disidencias en particular durante el debate. La chaqueña Elena Corregido se plegó en general, pero expresó sus “observaciones”.
Algunos bloques opositores también respaldaron en general el proyecto: el MPN, el socialismo y el ARI de Tierra del Fuego. “Para los socialistas es volver a la Constitución. El artículo 1º determina la vuelta al sistema de reparto, aunque vamos a plantear serios reparos en particular. Los socialistas estamos votando con la misma convicción que en ’93, cuando dijimos que la privatización del sistema previsional iba a ser una gran estafa”, dijo el santafesino Rubén Giustiniani.
Desde la oposición, el arista José Martínez fue uno de los más acérrimos defensores del regreso del sistema previsional al Estado. “Coincidimos con el Gobierno, a pesar de todas nuestras críticas, en que el Estado es el que debe manejar los recursos jubilatorios”, dijo. El senador fueguino recordó que su provincia se enfrentó a Menem y Cavallo y se negó a privatizar el sistema previsional. El ex radical k Pablo Verani –que planea su regreso al redil radical opositor– pidió “permiso para abstenerse”.
El resto de la oposición mantuvo su rechazo al proyecto. “La Anses va a manejar el Fondo Monetario Nacional, con el 40 por ciento del PBI y sin ningún tipo de control”, arrancó el radical Gerardo Morales para luego pedir que el Banco Nación maneje los fondos que la Anses heredará del sistema de capitalización. Aunque admitió que “las AFJP saquearon y ralearon los bolsillos de los trabajadores”. Por la CC, María Eugenia Estenssoro rechazó de plano el proyecto oficial. “Proponemos un plazo de siete meses para discutir un sistema único de reparto, porque la precariedad institucional de este proyecto es gravísima”. Y advirtió sobre la catarata de juicios que afrontará el Estado.
Adolfo Rodríguez Saá fue la voz del peronismo anti k, con citas a Perón y críticas a un proyecto que “afecta la propiedad privada” y “la seguridad jurídica”. Chiche Duhalde prefirió no hablar en el recinto, pero también votó en contra. Sin representantes en la cámara, el macrismo recurrió al clamor desesperado para sostener con vida a las AFJP: los diputados Federico Pinedo y Julián Obiglio se ganaron un espacio en los medios al pedirle a Julio Cobos que, en su calidad de vicepresidente a cargo del Ejecutivo, vetara la ley (ver página 4). Nadie en el kirchnerismo le prestó seriamente atención al pedido. Ya habían pasado casi trece horas de debate y ni el tratamiento en particular había logrado alterar los 46 votos oficialistas. El funeral de las AFJP ya estaba en marcha.
Fuente: Casa Rosada y Pagina/12
Argumentos: Detalle
El proyecto dispone la obligatoriedad del régimen de reparto para todos los afiliados. La capitalización privada, voluntaria con aportes extra.
Con 46 votos a favor y 18 en contra, el kirchnerismo sancionó la ley que devuelve al Estado la administración de las jubilaciones. Además de los senadores oficialistas, el Gobierno sumó el apoyo de legisladores socialistas, del MPN y del ARI fueguino.
Era un final anunciado, pero no por eso menos importante. El Senado selló ayer el fin de las AFJP. Sin sorpresas ni sobresaltos, con 46 votos a favor, 18 en contra y una abstención, el oficialismo consiguió convertir en ley el proyecto que devuelve a manos del Estado el manejo sobre todo el sistema previsional. A los votos oficialistas se sumaron los de varios opositores. Los aristas fueguinos, el socialismo y el Movimiento Popular Neuquino respaldaron la eliminación del régimen de jubilaciones privadas. En cambio, el radicalismo, la Coalición Cívica, el peronismo anti K y algunos partidos provinciales rechazaron de plano el proyecto del Gobierno.
Tras casi un mes de trámite parlamentario, el Congreso transformó en ley el proyecto que la Presidenta anunció públicamente el 20 de octubre en un acto en la Anses. A los senadores les llevó ayer casi doce horas de debate en el recinto fijar posiciones que ya se conocían y definir en la votación el destino final del sistema privado de capitalización –creado por Carlos Menem y Domingo Cavallo–, que convivió durante catorce años con el estatal de reparto. Ahora, a partir de la promulgación de la ley, la Anses manejará el Sistema Integrado de Previsión Argentino (SIPA) y todos sus recursos económicos.
“Estamos ante un cambio de trascendencia histórica, tal vez después se pueda mejorar. Pero acá estamos defendiendo el núcleo duro del tema: que el Estado maneje los recursos del sistema previsional. El sector privado ha fracasado”, dijo el jefe del bloque k en el Senado, Miguel Angel Pichetto. Hacia el cierre del debate, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la Anses, Amado Boudou, seguían la sesión en el recinto junto al presidente de la comisión de Previsión de la Cámara baja, el formoseño Juan Carlos Díaz Roig. “No estamos violando el derecho de propiedad”, sentenció el senador rionegrino para ahuyentar los fantasmas sobre la litigiosidad que, según empresarios y opositores, los aportantes al sistema privado desatarán contra el Estado.
Nadie, ni defensores ni detractores del proyecto oficial, arrojó un salvavidas a las administradoras privadas. La mayoría de los 39 oradores arremetieron contra el “saqueo” que las AFJP ejercieron sobre los aportes de los trabajadores. Toda la discusión giró alrededor de la “necesidad” de otorgar más tiempo a la discusión sobre una “reforma integral” del sistema previsional y los controles que, de ahora en más, deberían ejercerse sobre el manejo de los recursos por parte de la Anses: un fondo de entre 80 y 90 mil millones de pesos que recibirá del sistema privado, más un flujo anual de entre 12 y 14 mil millones de pesos entre aportes de los trabajadores y contribuciones patronales.
Así, el oficialismo logró alinear al grueso de su tropa detrás del proyecto oficial, que llegó con algunas modificaciones desde Diputados, y dejó a la oposición sin aliados. Sólo quedaron afuera los rebeldes salteños Juan Carlos Romero –que presidió la Comisión de Presupuesto del Senado cuando se aprobó la creación del sistema privado– y su compañera Sonia Escudero. El cordobés Roberto Urquía, que tampoco avalaba la iniciativa, faltó a la cita. En cambio, los díscolos santafesinos Carlos Reutemann y Roxana Latorre acompañaron en general, pero prefirieron no expresar sus disidencias en particular durante el debate. La chaqueña Elena Corregido se plegó en general, pero expresó sus “observaciones”.
Algunos bloques opositores también respaldaron en general el proyecto: el MPN, el socialismo y el ARI de Tierra del Fuego. “Para los socialistas es volver a la Constitución. El artículo 1º determina la vuelta al sistema de reparto, aunque vamos a plantear serios reparos en particular. Los socialistas estamos votando con la misma convicción que en ’93, cuando dijimos que la privatización del sistema previsional iba a ser una gran estafa”, dijo el santafesino Rubén Giustiniani.
Desde la oposición, el arista José Martínez fue uno de los más acérrimos defensores del regreso del sistema previsional al Estado. “Coincidimos con el Gobierno, a pesar de todas nuestras críticas, en que el Estado es el que debe manejar los recursos jubilatorios”, dijo. El senador fueguino recordó que su provincia se enfrentó a Menem y Cavallo y se negó a privatizar el sistema previsional. El ex radical k Pablo Verani –que planea su regreso al redil radical opositor– pidió “permiso para abstenerse”.
El resto de la oposición mantuvo su rechazo al proyecto. “La Anses va a manejar el Fondo Monetario Nacional, con el 40 por ciento del PBI y sin ningún tipo de control”, arrancó el radical Gerardo Morales para luego pedir que el Banco Nación maneje los fondos que la Anses heredará del sistema de capitalización. Aunque admitió que “las AFJP saquearon y ralearon los bolsillos de los trabajadores”. Por la CC, María Eugenia Estenssoro rechazó de plano el proyecto oficial. “Proponemos un plazo de siete meses para discutir un sistema único de reparto, porque la precariedad institucional de este proyecto es gravísima”. Y advirtió sobre la catarata de juicios que afrontará el Estado.
Adolfo Rodríguez Saá fue la voz del peronismo anti k, con citas a Perón y críticas a un proyecto que “afecta la propiedad privada” y “la seguridad jurídica”. Chiche Duhalde prefirió no hablar en el recinto, pero también votó en contra. Sin representantes en la cámara, el macrismo recurrió al clamor desesperado para sostener con vida a las AFJP: los diputados Federico Pinedo y Julián Obiglio se ganaron un espacio en los medios al pedirle a Julio Cobos que, en su calidad de vicepresidente a cargo del Ejecutivo, vetara la ley (ver página 4). Nadie en el kirchnerismo le prestó seriamente atención al pedido. Ya habían pasado casi trece horas de debate y ni el tratamiento en particular había logrado alterar los 46 votos oficialistas. El funeral de las AFJP ya estaba en marcha.
Fuente: Casa Rosada y Pagina/12
Argumentos: Detalle
miércoles, 29 de octubre de 2008
Ley de movilidad jubilatoria
"La jubilación no puede ni debe ser un negocio"
Por Cristina Fernández de Kirchner para La Capital de Mar del Plata - 29/10/08
"'El balneario de todos y cualquiera', así la describió alguna vez Joaquín Sabina. Lo cierto es que la historia de Mar del Plata tiene un singular paralelismo con la historia nacional. Nació como un lugar de veraneo para la elite conservadora de fines del siglo XIX. Sin embargo, en 1920 fue la primera comuna en elegir a un socialista como intendente en la Argentina.
Con la irrupción del peronismo, los trabajadores cambiaron considerablemente su nivel de vida. Alcanzaron mejores salarios, salud, educación y jubilación. Y, además, las playas de Mar del Plata.
Desde aquella época, transmite una rebeldía igualitaria que resiste privilegios. Pero para que Mar de Plata sea el balneario o la ciudad de todos, tiene que haber un Estado promotor que busque garantizar la igualdad de oportunidades de todos sus ciudadanos.
Lo mismo pasa con el tema de las jubilaciones. Actualmente el 77 por ciento de los 450 mil jubilados que cobran a través de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) estaría percibiendo un haber inferior al mínimo de 690 pesos.
Si eso no ocurre, es porque desde el Gobierno nacional se destinan anualmente 4 mil millones de pesos para que nadie esté por debajo de la jubilación mínima. De seguir así, el año que viene los aportes estatales crecerían a 4400 millones y en cinco años totalizarían 25.000 millones de pesos.
Por cada 40 mil pesos acumulados en una AFJP se reciben sólo 220 pesos de jubilación, el resto lo paga el Estado.
En cambio, una persona que gana 462 pesos de jubilación en una AFJP estaría obteniendo 1033 pesos en el sistema solidario de reparto.
Y, para agregar tan sólo un dato más, debido a la crisis de los mercados, quienes cobran por el sistema privado en 2008 estarán recibiendo hasta un 17 por ciento menos que el año pasado.
"Un cambio estructural y estratégico"
La semana pasada se tomó una decisión que significa un verdadero cambio estructural y estratégico del sistema previsional. Pero esta decisión se tomó fundamentalmente, en defensa de nuestros jubilados y pensionados.
Desde el sector público se decidió auxiliar al sector privado para recuperar el valor de la solidaridad del sistema de reparto.
Los recursos de nuestros jubilados no son ni pueden ser fuente de especulación. La jubilación no puede ni debe ser un negocio. Trece aumentos consecutivos se dieron en los últimos cinco años. Se incorporaron un millón y medio de personas que estaban afuera de todo sistema de jubilación. Y se consagró legislativamente, por primera vez, la movilidad jubilatoria para que los aumentos sean automáticos y no dependan del Presidente o Presidenta de turno.
Se habla de administración eficiente de los recursos. Las AFJP han sido ineficientes y además ineficaces. Gastan casi el 10 por ciento de los recursos de sus aportantes sólo en administración. La Anses, en cambio, gasta el 2,5 por ciento.
El sistema privado "invirtió" 3742 millones de pesos en mercados a futuro. Esos mercados que hoy tienen en vilo a la economía mundial.
Esta decisión se tomó a pesar de que el reglamento de nuestro sistema previsional prohíbe expresamente que los recursos de nuestros jubilados o pensionados puedan ser timbeados en la especulación financiera.
Hubo un sistema que se desmoronó estrepitosamente. Y, una vez más, el Estado es convocado para hacer frente a las políticas de saqueo.
"Nosotros protegemos a nuestros jubilados"
Sin embargo, resulta por lo menos paradójico que los analistas locales midan con distinta vara la intervención estatal en el mundo desarrollado que la intervención estatal en la Argentina.
Cuando los Estados norteamericano, francés o alemán estatizan bancos, aseguradoras o deudas privadas se los denomina 'rescates'. En cambio, en nuestro país es 'estatismo nostálgico'. Son pocos los intereses, pero grandes los dividendos.
Claro que hay diferencias. Mientras los grandes Estados del mundo adoptan una política estatista para la protección de grandes bancos y corporaciones económicas, nosotros protegemos a nuestros jubilados y nuestros trabajadores.
Un país no se construye únicamente con grandes planes y grandes anuncios. Se construye trabajando todos los días. Se gestiona minuto a minuto. Y sus resultados se verifican cuando se mejora la calidad de vida de personas de carne y hueso.
Fuente La Capital de Mar del Plata y Pagina 12
Texto de la Ley: Aqui
Por Cristina Fernández de Kirchner para La Capital de Mar del Plata - 29/10/08
"'El balneario de todos y cualquiera', así la describió alguna vez Joaquín Sabina. Lo cierto es que la historia de Mar del Plata tiene un singular paralelismo con la historia nacional. Nació como un lugar de veraneo para la elite conservadora de fines del siglo XIX. Sin embargo, en 1920 fue la primera comuna en elegir a un socialista como intendente en la Argentina.
Con la irrupción del peronismo, los trabajadores cambiaron considerablemente su nivel de vida. Alcanzaron mejores salarios, salud, educación y jubilación. Y, además, las playas de Mar del Plata.
Desde aquella época, transmite una rebeldía igualitaria que resiste privilegios. Pero para que Mar de Plata sea el balneario o la ciudad de todos, tiene que haber un Estado promotor que busque garantizar la igualdad de oportunidades de todos sus ciudadanos.
Lo mismo pasa con el tema de las jubilaciones. Actualmente el 77 por ciento de los 450 mil jubilados que cobran a través de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) estaría percibiendo un haber inferior al mínimo de 690 pesos.
Si eso no ocurre, es porque desde el Gobierno nacional se destinan anualmente 4 mil millones de pesos para que nadie esté por debajo de la jubilación mínima. De seguir así, el año que viene los aportes estatales crecerían a 4400 millones y en cinco años totalizarían 25.000 millones de pesos.
Por cada 40 mil pesos acumulados en una AFJP se reciben sólo 220 pesos de jubilación, el resto lo paga el Estado.
En cambio, una persona que gana 462 pesos de jubilación en una AFJP estaría obteniendo 1033 pesos en el sistema solidario de reparto.
Y, para agregar tan sólo un dato más, debido a la crisis de los mercados, quienes cobran por el sistema privado en 2008 estarán recibiendo hasta un 17 por ciento menos que el año pasado.
"Un cambio estructural y estratégico"
La semana pasada se tomó una decisión que significa un verdadero cambio estructural y estratégico del sistema previsional. Pero esta decisión se tomó fundamentalmente, en defensa de nuestros jubilados y pensionados.
Desde el sector público se decidió auxiliar al sector privado para recuperar el valor de la solidaridad del sistema de reparto.
Los recursos de nuestros jubilados no son ni pueden ser fuente de especulación. La jubilación no puede ni debe ser un negocio. Trece aumentos consecutivos se dieron en los últimos cinco años. Se incorporaron un millón y medio de personas que estaban afuera de todo sistema de jubilación. Y se consagró legislativamente, por primera vez, la movilidad jubilatoria para que los aumentos sean automáticos y no dependan del Presidente o Presidenta de turno.
Se habla de administración eficiente de los recursos. Las AFJP han sido ineficientes y además ineficaces. Gastan casi el 10 por ciento de los recursos de sus aportantes sólo en administración. La Anses, en cambio, gasta el 2,5 por ciento.
El sistema privado "invirtió" 3742 millones de pesos en mercados a futuro. Esos mercados que hoy tienen en vilo a la economía mundial.
Esta decisión se tomó a pesar de que el reglamento de nuestro sistema previsional prohíbe expresamente que los recursos de nuestros jubilados o pensionados puedan ser timbeados en la especulación financiera.
Hubo un sistema que se desmoronó estrepitosamente. Y, una vez más, el Estado es convocado para hacer frente a las políticas de saqueo.
"Nosotros protegemos a nuestros jubilados"
Sin embargo, resulta por lo menos paradójico que los analistas locales midan con distinta vara la intervención estatal en el mundo desarrollado que la intervención estatal en la Argentina.
Cuando los Estados norteamericano, francés o alemán estatizan bancos, aseguradoras o deudas privadas se los denomina 'rescates'. En cambio, en nuestro país es 'estatismo nostálgico'. Son pocos los intereses, pero grandes los dividendos.
Claro que hay diferencias. Mientras los grandes Estados del mundo adoptan una política estatista para la protección de grandes bancos y corporaciones económicas, nosotros protegemos a nuestros jubilados y nuestros trabajadores.
Un país no se construye únicamente con grandes planes y grandes anuncios. Se construye trabajando todos los días. Se gestiona minuto a minuto. Y sus resultados se verifican cuando se mejora la calidad de vida de personas de carne y hueso.
Fuente La Capital de Mar del Plata y Pagina 12
Texto de la Ley: Aqui
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