Ley de Regulación de Prepagas

El Poder Ejecutivo reglamentó la Ley N° 26.682 de Medicina Prepaga y también introdujo modificaciones,en las que establece que se incluirán a las cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones.

Por Decreto 1993/2011 publicado en el Boletín Oficial, reglamentó la Ley de Medicina Prepaga, en tanto que por Decreto 1991/2011, también publicado hoy, se modificó dicha ley incluyendo a las cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones, expresando que el sistema de salud “debe necesariamente contemplar la integración y articulación de todos los subsectores involucrados”.

Precisa que —con excepción de las obras sociales- se encuentran excluidos de toda regulación y control en lo atinente a la comercialización de planes de salud, siendo que en muchos casos el objeto total o parcial de su actividad consiste en brindar dichos planes.

Tal circunstancia –agrega- origina distorsiones en la actividad de la salud y en consecuencia un perjuicio para los usuarios, al existir entidades que no se encuentran obligadas al cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nº 26.682 (de Medicina Prepaga).

Aclara que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así como elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de diez días hábiles.

Ambos decretos llevan la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de todos los ministros del Gabinete Nacional y entran en vigencia a partir de hoy, día de su publicación en el Boletín Oficial.

En tanto en la reglamentación, expresa que quedan expresamente incluidas en la Ley Nº 26.682: Las Empresas de Medicina Prepaga; b) Las obras sociales comprendidas en el artículo 1º de la Ley Nº 23.660 y las entidades adheridas o que en el futuro se adhieran como agentes del seguro al Sistema Nacional del Seguro de Salud regulado en la Ley Nº 23.661, por los planes de salud de adhesión voluntaria individuales o corporativos, superadores o complementarios por mayores servicios médicos que comercialicen. En todo lo demás dichas entidades continuarán rigiéndose por los respectivos regímenes que las regulan; c) Las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones.

Precisa luego la documentación que deberán suministrar a la Superintendencia de Servicios de Salud los designados como titulares, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores o gerentes de las entidades.

El Ministerio de Salud es la Autoridad de Aplicación de la Ley de Medicina Prepaga y la Superintendencia designará síndicos, auditores y veedores, que tendrán por cometido la fiscalización y control.

Dispone que deberán inscribirse en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (R.N.E.M.P) las empresas de medicina prepaga, las obras sociales comprendidas y las entidades adheridas o que en el futuro se adhieran como Agentes del Seguro al Sistema Nacional del Seguro de Salud –regulado en la Ley Nº 23.661-, que comercialicen planes de salud de adhesión voluntarios (individuales o corporativos), superadores y/o complementarios por mayores servicios médicos y las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones.

En la reglamentación establece también que el Padrón Nacional de Usuarios se creará con la información proporcionada por las entidades que obligatoriamente deben inscribirse en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga. El Padrón de Usuarios de cada entidad será exigido como recaudo formal a los fines de obtener su inscripción en el Registro.

Ninguna entidad sin autorización para funcionar como Entidad de Medicina Prepaga, podrá brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios, a través de una modalidad de asociación voluntaria mediante sistemas pagos de adhesión, ya sea en efectores propios o a través de terceros vinculados o contratados al efecto, sea por contratación individual o corporativa.

Por otra parte establece que las entidades que pretendan aumentar el monto de las cuotas que abonan los usuarios, deberán presentar el requerimiento a la Superintendencia de Servicios de Salud, la que lo elevará al Ministro de Salud para su aprobación, previo dictamen vinculante de la Secretaría de Comercio Interior. Una vez autorizados deberán informar a los usuarios los incrementos que se registrarán en el monto de las cuotas con una antelación no inferior a los 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que la nueva cuota comenzará a regir.

Determina además que los comprendidos por la ley de Medicina Prepaga deben cubrir como mínimo en sus planes de cobertura médico asistencial el Programa Médico Obligatorio (P.M.O.) en vigencia.

Los usuarios pueden rescindir en cualquier momento el contrato sin limitación y sin penalidad alguna. Sin perjuicio de ello y a efectos de evitar el ejercicio abusivo de este derecho, el mismo podrá ser ejercido solamente una vez por año. No podrá supeditarse el ejercicio de la facultad de rescisión contractual por el usuario a la previa cancelación de las sumas adeudadas a las entidades.

Por otra parte los períodos de acceso progresivo a la cobertura para los contratos celebrados sólo podrán establecerse para el acceso a las prestaciones sanitarias superadoras o complementarias al Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente. Los contratos deberán estar previamente aprobados por la Superintendencia. En ningún caso podrán superar los 12 meses corridos desde el comienzo de la relación contractual.

La Superintendencia establecerá y determinará las situaciones de preexistencia que podrán ser de carácter temporario, crónico o de alto costo que regirán para todos los tipos de contratos entre las partes. La Superintendencia autorizará los valores diferenciales para las patologías de carácter crónico y de alto costo.

Además de la edad, no podrán ser contemplados como supuestos de rechazo de admisión los establecidos en el artículo 1º de la Ley Nº 23.592. En caso de muerte del titular, las entidades deberán garantizar a los integrantes del grupo familiar primario la cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO) durante un período de dos meses, contados desde su fallecimiento, sin obligación de efectuar pago alguno. Una vez vencido dicho plazo, el cónyuge supérstite, el descendiente de mayor edad o su representante legal, o cualquier otro miembro del grupo familiar a cargo, podrán optar por la continuidad, para lo cual cualquiera de los mencionados deberá constituirse como titular del plan.

Fuente: Argentina.ar

Las grandes empresas que más aumentaron sus ganancias en 2011

Cuáles son las firmas que presentaron mejores resultados entre enero y septiembre; petróleo, industria y telecomunicaciones a la cabeza; además, las que más perdieron

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La carne argentina desembarca en China

El Instituto de Promoción de la Carne vacuna Argentina (IPCVA) propició la primera exportación de carne fresca hacia ese país y se encuentra realizando acciones en Shanghai y Beijing.

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Good job

La discusión con Obama sobre la balanza comercial y el discurso de Cristina en la cumbre del G20, recogido en los primeros puntos del documento final, se complementan con el sosegate al dólar. Una visión antagónica con la que señala a la divisa como un bien barato. Pueden cambiar los instrumentos según las necesidades de cada momento pero se mantienen los principios esenciales, del mercado interno y el trabajo decente.

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Fuente: Pagina/12

Capitales poderosos con el traje de pequeños ahorristas

La titular del Banco Central desentrañó el origen de la demanda en el mercado cambiario. “El 37 por ciento son compradores de más de 100 mil dólares mensuales, sólo el siete por ciento compra menos de mil.”

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Fuente: Pagina/12

The New York Times recomienda a Obama el "modelo argentino"

Una editorial publicada en el periódico estadounidense The New York Times opinó que la Argentina “ofrece valerosas lecciones” en su política económica, y que es “un caso testigo de cómo hacer mover nuevamente a una economía”, algo que “Washington haría bien en prestar atención”

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Jujuy: Como un reclamo justo termina en cuatro muertes

El dolor y la impotencia que se siente en días como hoy son indescriptibles. La sentimos todos y no podemos entender cómo llegamos a este estado. Demasiadas preguntas debemos hacernos los jujeños. No podemos evadir más esas respuestas. Necesitamos mirar profundamente dentro de cada uno de nosotros. Y observar, con ojos sinceros y críticos, el cuerpo social al que pertenecemos. Tenemos miedo de hablar en público lo que la mayoría piensa y dice en privado. Todo esto podría haberse evitado si las Instituciones funcionaran como corresponde. La impunidad con la que se manejan todos; funcionarios, jueces, dirigentes sociales, etc., es fruto de la complicidad de los más importantes actores institucionales. Con una visión mezquina y sectaria, un minúsculo grupo de dirigentes concentra la totalidad del poder, desde donde modela y condiciona el andamiaje político e institucional de la Provincia. Los ejes desde donde podemos tratar de analizar este difícil momento son: la conducción del Ejecutivo provincial concentrada en cinco personas; la debilidad institucional de los poderes del Estado provincial; el rol del poder corporativo económico; y la actuación de las Organizaciones sociales. La incapacidad de un Gobierno de resolver los problemas prioritarios, a saber, en este caso: viviendas, ordenamiento territorial, conflictividad social, seguridad y orden público. Un Gobierno mediocre, que con la gestión mínima se conforma; que no recorre el interior de la Provincia, encerrado en sus despachos; que silencia la opinión pública a través del condicionamiento de los medios de comunicación; que es virtualmente conducido por un cuerpo colegiado. La debilidad de un Gobernador que debe consultar todas sus decisiones con la “mesa de los cinco”; con un gabinete donde la mayoría de los funcionarios fueron impuestos; a aquellos que no están a la altura del cargo, se los sostiene con fuerza; y a los que realmente tienen una visión superadora y una gestión exitosa en sus áreas, no hay que “dejarlos crecer”. Y, a pesar de disponer de todas las herramientas que el Gobierno Nacional ofrece, no ha sabido aprovecharlas para mejorar la calidad de vida del interior de la Provincia. El desorden dentro de todos los poderes del Estado, que permite que los funcionarios deslinden permanentemente sus responsabilidades. Entonces hoy, en la gravedad de los hechos ocurridos, los que tienen que responder por sus actos y facultades no pueden ser individualizados concretamente. El Intendente, que no pudo llegar a un consenso con los ocupantes del predio. Los Jueces actuantes, el que dio la orden sin medir las consecuencias y la subrogante que no estaba informada del operativo. La Policía de la Provincia, por no cumplir con la cadena de mando consultando a los responsables políticos de la cartera, y por el desborde del enfrentamiento. El Ministro de Gobierno y Justicia, que no pudo manejar la fuerza pública bajo su mando, peor aun si fue él quien dio la orden de actuar. El sistema judicial, deficitario e ineficiente en su estructura institucional, designación de jueces y de personal, además de la falta de independencia. El Gobernador, por su desconexión con la realidad y en la falta de control sobre los organismos del Estado a su cargo. La organización social, por la metodología violenta con que expresa sus reclamos. El ex intendente y Diputado Nacional Marcelo Llanos, quien conociendo la realidad urbanística de la Ciudad de Libertador General San Martin, no hizo nada por resolver la problemática del crecimiento poblacional y la falta de viviendas. El poder corporativo de algunas empresas o grupos económicos, que en sus actividades solo piensan en intereses materiales, sin importarles su responsabilidad social como parte de Jujuy. En este caso en particular, como ejemplo, una pequeña porción de tierras no vale la vida de ciudadanos jujeños. La Empresa Ledesma S.A. prefirió la vía judicial antes que buscar una solución por la vía del dialogo. El crecimiento desmedido de la fuerza de presión de las Organizaciones Sociales, con una capacidad de movilización que puede, en menos de 6 horas, cortar las rutas de Jujuy, todos los puentes de la Ciudad Capital y movilizar a mas de 5 mil personas, por un reclamo. La toma de tierras permanente en todo el ramal jujeño, sin ningún tipo de límites en sus metodologías; donde en la reivindicación de un derecho social inalienable como el de tener una vivienda digna por parte de la gente, los dirigentes manipulan muchas veces dicha necesidad generando actos delictivos. La amenaza permanente que atenta contra la paz social, donde chocan los derechos de los diferentes actores que debieran convivir respetuosamente, sin avasallar los derechos individuales de todos los ciudadanos. Estos muertos son muertos políticos. Son el resultado de la debilidad del Estado y de las instituciones públicas de la democracia, en Jujuy. Hay pasividad en los dirigentes de la oposición La oposición puede decir que no aumenta su exposición con respecto a la grave situación vivida, para que no los tilden de oportunistas, o de aprovechar el momento politizándolo. Pero TODA la situación está politizada desde su inicio. El sangriento enfrentamiento y la muerte de cuatro personas es el hecho más doloroso vivido en los últimos años de nuestra historia. Y es el hecho político más relevante, sobre el cual es imprescindible llegar hasta el fondo de las investigaciones para encontrar a los culpables e identificar a los responsables políticos e institucionales. Hay una connivencia desde el año 2000, entre los dos partidos mayoritarios, PJ y UCR, que se ha evidenciado en varias oportunidades. En ese vínculo está la clave de la impunidad, la desidia, la falta de control, las complicidades legislativas, y la concentración de poder en Jujuy. Esa concentración provoco la desaparición de la mayoría de los Partidos Políticos chicos, y la debilidad de los pocos que aun tienen vigencia. En ese marco, la participación política contenida por los partidos como actores fundamentales de la democracia, se ha visto totalmente anulada. Por lo que las demandas sociales insatisfechas, en vez de ser canalizadas institucionalmente por los partidos, cumpliendo con una de sus funciones propias; estas se han trasladado a las organizaciones sociales, transformadas en portavoces de las necesidades de la gente y gestoras de las soluciones. Gerardo Morales, cuando fue agredido en el 2010, utilizo su exposición pública y llegada a los medios masivos de comunicación nacionales, para denunciar el acto de violencia contra su persona por parte de la Organización Túpac Amaru. En esta instancia, donde murieron cuatro jujeños en un enfrentamiento con la Policía de la Provincia de Jujuy, no lo vimos al Senador en ningún canal nacional denunciando y expresando su repudio sobre el hecho. La pregunta es: ¿Vale más la integridad física del Senador Gerardo Morales que la vida de cuatro personas? ¿Hizo tanto ruido antes, porque la Organización a la que el denunciaba, es de corte kirchnerista; y en esta instancia, la Organización social que está involucrada en este hecho es opositora, como él? ¿Sera porque él estaba al tanto de la resolución tomada por el Juez Samman? Un juez de expreso y probado vinculo con la Unión Cívica Radical; el cual debe haberlo consultado antes de tomar la decisión. Un Juez que habitualmente, desde el año 2000, meses previos a las elecciones toma medidas de alto impacto político, afectando abiertamente desde sus facultades, al Justicialismo jujeño. Un Juez, que con total desidia, deja la orden de desalojo firmada y se va de vacaciones. O será que los intereses y sociedades políticas del Senador radical se verían afectados severamente si asumiera el rol que le toca como mayor exponente del arco político opositor, liderando el proceso de esclarecimiento de estos hechos. El Gobierno Nacional no tiene ninguna responsabilidad en estos hechos. En primer lugar, porque ha sido un problema netamente local, donde todas las instituciones involucradas, que no funcionaron para resolverlo pacíficamente, son de orden Provincial. En ningún aspecto del caso hay responsabilidad de organismos del Estado Nacional. En segundo lugar, a pesar de la filiación política afín entre el Gobierno Nacional y Provincial, no se puede hacer cargo a las autoridades nacionales de los errores y faltas de las autoridades provinciales, aunque formen parte del mismo partido político. En tercer lugar, la inversión realizada por el Gobierno Nacional en la Provincia de Jujuy fue la más importante, en términos cuantitativos y cualitativos, en nuestra historia. En todos los órdenes de políticas públicas, se han aplicado la mayoría de los Programas y Planes Nacionales, con un altísimo impacto en la mejora de la calidad de vida de nuestros habitantes. Por supuesto, que no se ha resuelto aun todas las problemáticas pero el esfuerzo realizado hasta hoy es realmente considerable. Especialmente, si lo medimos en términos comparativos con anteriores gobiernos constitucionales, desde el año 2003, se aplicaron programas de construcción de viviendas e infraestructura urbana, de mejoramiento habitacional, de participación de los actores sociales y búsquedas de consensos, de inclusión social, y de distribución directa de recursos para eliminar los bolsones de pobreza en la Argentina. En cuarto lugar, la política de no represión sostenida desde el Gobierno Nacional es uno de los objetivos principales para la pacificación social de los argentinos. Dado que las muertes provocadas en este incidente involucraron armas de fuego, es necesario destacar que existe una campaña del Gobierno Nacional con el objetivo del “desarme” paulatino de los ciudadanos, a través del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que se está desarrollando en la Provincia de Jujuy desde el año 2008, por el que se destruyeron más de 107 mil armas en todo el país, en su primera etapa. Desde el RENAR se continúa aplicando la ley 26216 de manera exitosa, sin que el Gobierno de la Provincia se haya involucrado en esta importante medida nacional. De hecho, es una de las pocas Provincias que no ha adherido a la Ley Nacional, que mas allá de ser de orden público, con el impulso político que podrían haberles dado los funcionarios provinciales, el resultado hubiera sido de mucho mayor impacto. Esta es una de las muestras de que el Gobierno Nacional brega permanentemente por la paz social. El objeto fundamental de esta política es sacar de circulación las armas, legales e ilegales, en propiedad de los ciudadanos, por medio de un incentivo económico a cambio de la entrega para su destrucción. La tenencia de armas por parte de integrantes de diferentes Organizaciones Sociales debe ser investigada a fondo, para evitar conflictos que terminen en la muerte de civiles y policías. El Estado Provincial es el único responsable de realizar esta tarea, desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Judicial. Jujuy está de duelo El dolor que sentimos debe unirnos. Estas muertes fueron evitables. Y la indignación e impotencia que nos embarga, debe ser transformada en energía para cambiar esta realidad. Hoy, más que nunca, los jujeños necesitamos asumir una posición más interpeladora y crítica, frente a este horror. Hay muchos responsables, y cada uno deberá responder por sus actos y por sus omisiones. No se puede tolerar más las “sociedades políticas” de encumbrados dirigentes jujeños, que generaron con sus actitudes sectarias y soberbias, el escenario que permitió este enfrentamiento entre hermanos. No se le puede echar la culpa a otros. Licenciada Carolina Moisés Diputada Provincial por Jujuy 31 de julio de 2011.

Fuente: Diariocrítico de Argentina

El Debate

El pueblo argentino ha recuperado su posibilidad de debatir, de ejercer el desempeño democrático desde la participación.

Con la conducción de Adrián Paenza, este programa nos propone una reflexión profunda y nos brinda herramientas para la argumentación de ideas y la toma de posiciones.

Podes ver todos los vídeos de este programa: Aqui

Critica del diario La Nacion: Aqui

Desigualdad y Violencia social.

Informe sobre la desigualdad y la violencia social, realizado por el programa Bajada De Linea, de Victor Hugo Morales.

Ley de movilidad jubilatoria

"La jubilación no puede ni debe ser un negocio"

Por Cristina Fernández de Kirchner para La Capital de Mar del Plata - 29/10/08


"'El balneario de todos y cualquiera', así la describió alguna vez Joaquín Sabina. Lo cierto es que la historia de Mar del Plata tiene un singular paralelismo con la historia nacional. Nació como un lugar de veraneo para la elite conservadora de fines del siglo XIX. Sin embargo, en 1920 fue la primera comuna en elegir a un socialista como intendente en la Argentina.

Con la irrupción del peronismo, los trabajadores cambiaron considerablemente su nivel de vida. Alcanzaron mejores salarios, salud, educación y jubilación. Y, además, las playas de Mar del Plata.

Desde aquella época, transmite una rebeldía igualitaria que resiste privilegios. Pero para que Mar de Plata sea el balneario o la ciudad de todos, tiene que haber un Estado promotor que busque garantizar la igualdad de oportunidades de todos sus ciudadanos.

Lo mismo pasa con el tema de las jubilaciones. Actualmente el 77 por ciento de los 450 mil jubilados que cobran a través de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) estaría percibiendo un haber inferior al mínimo de 690 pesos.

Si eso no ocurre, es porque desde el Gobierno nacional se destinan anualmente 4 mil millones de pesos para que nadie esté por debajo de la jubilación mínima. De seguir así, el año que viene los aportes estatales crecerían a 4400 millones y en cinco años totalizarían 25.000 millones de pesos.

Por cada 40 mil pesos acumulados en una AFJP se reciben sólo 220 pesos de jubilación, el resto lo paga el Estado.

En cambio, una persona que gana 462 pesos de jubilación en una AFJP estaría obteniendo 1033 pesos en el sistema solidario de reparto.

Y, para agregar tan sólo un dato más, debido a la crisis de los mercados, quienes cobran por el sistema privado en 2008 estarán recibiendo hasta un 17 por ciento menos que el año pasado.

"Un cambio estructural y estratégico"

La semana pasada se tomó una decisión que significa un verdadero cambio estructural y estratégico del sistema previsional. Pero esta decisión se tomó fundamentalmente, en defensa de nuestros jubilados y pensionados.

Desde el sector público se decidió auxiliar al sector privado para recuperar el valor de la solidaridad del sistema de reparto.

Los recursos de nuestros jubilados no son ni pueden ser fuente de especulación. La jubilación no puede ni debe ser un negocio. Trece aumentos consecutivos se dieron en los últimos cinco años. Se incorporaron un millón y medio de personas que estaban afuera de todo sistema de jubilación. Y se consagró legislativamente, por primera vez, la movilidad jubilatoria para que los aumentos sean automáticos y no dependan del Presidente o Presidenta de turno.

Se habla de administración eficiente de los recursos. Las AFJP han sido ineficientes y además ineficaces. Gastan casi el 10 por ciento de los recursos de sus aportantes sólo en administración. La Anses, en cambio, gasta el 2,5 por ciento.

El sistema privado "invirtió" 3742 millones de pesos en mercados a futuro. Esos mercados que hoy tienen en vilo a la economía mundial.

Esta decisión se tomó a pesar de que el reglamento de nuestro sistema previsional prohíbe expresamente que los recursos de nuestros jubilados o pensionados puedan ser timbeados en la especulación financiera.

Hubo un sistema que se desmoronó estrepitosamente. Y, una vez más, el Estado es convocado para hacer frente a las políticas de saqueo.

"Nosotros protegemos a nuestros jubilados"

Sin embargo, resulta por lo menos paradójico que los analistas locales midan con distinta vara la intervención estatal en el mundo desarrollado que la intervención estatal en la Argentina.

Cuando los Estados norteamericano, francés o alemán estatizan bancos, aseguradoras o deudas privadas se los denomina 'rescates'. En cambio, en nuestro país es 'estatismo nostálgico'. Son pocos los intereses, pero grandes los dividendos.

Claro que hay diferencias. Mientras los grandes Estados del mundo adoptan una política estatista para la protección de grandes bancos y corporaciones económicas, nosotros protegemos a nuestros jubilados y nuestros trabajadores.

Un país no se construye únicamente con grandes planes y grandes anuncios. Se construye trabajando todos los días. Se gestiona minuto a minuto. Y sus resultados se verifican cuando se mejora la calidad de vida de personas de carne y hueso.

Fuente La Capital de Mar del Plata y Pagina 12

Texto de la Ley: Aqui