"Yacyretá está terminada desde hace once años"

Se afirma y se reitera que hace falta concluir las obras de Yacyretá para poder elevar la cota de 76 a 83 metros, aumentar un 60 por ciento la generación de energía y satisfacer una mayor demanda, generada por el crecimiento sostenido de nuestra economía. Esto induce a error. En efecto: influidos por esta prédica equivocada, la mayor parte de los ciudadanos interpreta que si hay que concluir las obras de Yacyretá es porque no están terminadas. Que algo está faltando. Por ejemplo, agregar unos metros más de altura al dique para llegar a la ansiada y anunciada cota de 83 metros. Esta creencia es justificada, porque el sentido común considera ilógico que se proponga como meta terminar algo que ya está terminado. Para aclarar la cuestión, he recurrido a la fuente que deberíamos considerar más autorizada: la página oficial de Internet de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). De ella se desprende lo siguiente: 1°) Las obras civiles y la primera turbina fueron habilitadas hace doce años, el 2 de septiembre de 1994. La obra completa de esta central hidroeléctrica, equipada con veinte turbinas, se encuentra terminada y funcionando desde el 7 de julio de 1998, hace ocho años. 2°) La potencia instalada de estas veinte turbinas es de 3200 MW, con capacidad de producir anualmente 19.680 GWh. Esto equivale a más de siete centrales como El Chocón. 3°) La central hidroeléctrica está proyectada para funcionar con el agua del lago a una cota de 83 metros. Actualmente funciona a 76 metros, lo que reduce la generación eléctrica a 12.335 GWh. 4°) La energía que se pierde asciende a 7345 GWh, que equivale casi a la energía de tres Chocones. 5°) Se pierden 220 millones de dólares anuales por energía no generada y, por lo tanto, no vendida. En los ocho años transcurridos desde la finalización de las obras, con las veinte turbinas instaladas, el quebranto alcanza a 1760 millones de dólares. 6°) La represa y el muro de coronamiento están construidos a cota de 86 metros, con una revancha de tres metros por encima de la cota normal de operación. No hay que agregarle altura adicional al dique, que está concluido desde hace doce años. En consecuencia, para elevar el nivel del agua del lago lo único que hay que hacer es apretar un botón para cerrar las esclusas y embalsar un volumen adicional de agua. Cada módulo de dos metros y medio que se agrega al embalse equivale a adicionar la energía total de un Chocón. Los siete metros faltantes brindan la energía total de casi tres Chocones. Para lograr este resultado no hay que concluir las obras, sino apretar un botón. Con ello se disipa por ahora el riesgo de una crisis eléctrica. Si la solución es tan simple, ¿por qué no se instrumenta? El problema no está en el dique ni en las turbinas, sino en el lago que sirve para embalsar las aguas. Por errores de programación, inadecuada planificación o alteración de prioridades, la EBY no ha resuelto aún la adquisición de las tierras y, entonces, no dispone del recipiente para almacenar el agua. Por tal razón, la central opera a una cota inferior a la proyectada, con lo cual se reducen la caída del salto y, por ende, la energía producida. Además, las turbinas registran vibraciones anormales porque están funcionando fuera del régimen de diseño, cosa que entraña riesgos de desgaste prematuro y encarece el mantenimiento. En toda represa, sea de montaña o de llanura, chica o grande, disponer del sitio para almacenar el agua es tan vital como el propio dique. Si no podemos inundar las tierras ubicadas aguas arriba del dique, ¿para qué lo construimos? En el caso de Yacyretá, por tratarse de un dique de llanura, la superficie del lago es considerable: 1220 km2 a cota 76, que aumentará a 1600 km2 cuando el pelo de agua del lago se eleve a 83 metros. La diferencia es de 380 km2, o sea 38.000 hectáreas. El valor de estas tierras, a mil dólares la hectárea, sería de unos US$ 38 millones, cifra que equivale a la energía perdida en dos meses. Piense el lector que la suma perdida desde 1998 es 46 veces mayor que el valor de las tierras. Por no comprar en tiempo oportuno tierras que valen US$ 38 millones perdimos US$ 1760 millones. En todo emprendimiento hidroeléctrico correctamente planificado, lo primero que se asegura es la posesión de las tierras por inundar, ya sea mediante avenimiento con los propietarios o bien obteniendo la posesión judicial de los inmuebles. Así se procedió con previsión en El Chocón y en Salto Grande, donde las expropiaciones se hicieron varios años antes de la inauguración de las centrales hidroeléctricas. En Yacyretá, pese a que ha habido tiempo sobrado, en los 23 años transcurridos desde el inicio de las obras el problema sigue sin resolverse, y con miras a agravarse. Las tierras inundables son invadidas por contingentes crecientes de intrusos, que especulan con recibir una compensación a expensas del bolsillo del contribuyente argentino. La EBY informa en su página oficial que hay 3145 extracensales, o sea, ocupantes clandestinos posteriores al censo. El 29 de abril de 2005 se creó un fideicomiso por US$ 563 millones para encarar la cuestión. Lamentablemente, se sigue el camino equivocado. En lugar de entregarles plata suficiente, contante y sonante, a los ocupantes para tomar posesión inmediata del predio desocupado se pretende construir barrios con viviendas y monoblocks. Este proceso demandará por lo menos cuatro años. Entretanto, se seguirán asentando nuevos intrusos. Es el cuento de nunca acabar. Si desde 1983 hasta 2006 –23 años– no se pudo resolver el problema, cuando estaba más acotado, ¿cuánto demandará reubicar a los que ya están más los que se siguen agregando, ilusionados por la ganga de recibir una casa de regalo? Las nuevas tareas de la EBY para estas reubicaciones suman 1167 “obras y acciones”, con su correspondiente papeleo y licitaciones. Se ha distorsionado la meta esencial de la EBY: además de generar electricidad, se dedica a un curioso negocio inmobiliario: construir casas para regalarlas a los intrusos. Igual criterio habría que aplicar a la infraestructura que resulte afectada por la inundación: puertos, aeródromo, ferrocarriles, etc., indemnizando a las autoridades competentes para que en cada caso reconstruyan las instalaciones, sin que la EBY se involucre en obras ajenas a su objeto. Se especula con la urgencia que tiene nuestro país en disponer de la energía de Yacyretá. Bastaría incorporar esta energía al sistema interconectado nacional para resolver por un tiempo la cuestión eléctrica. El presidente Kirchner tiene en sus manos la posibilidad histórica de transformar un problema en una oportunidad y resolver el dilema de nuestro abastecimiento eléctrico acordando con Paraguay la inmediata expropiación de las tierras necesarias, utilizando los fondos del fideicomiso. La energía está disponible. Sólo hay que evitar que se siga perdiendo en los vertederos y hacer que el agua sea conducida a las turbinas para generar electricidad equivalente a tres Chocones. El problema tiene solución. Pero hay que plantearlo bien. Decía Albert Einstein: “Si un problema está bien planteado, la solución es obvia. Si está mal planteado, el problema se torna insoluble”.

24 de marzo de 1976

El Golpe Militar

Todo terminó a la una de la madrugada del 24 de marzo de 1976 cuando el general José Rogelio Villarreal le dijo a Isabel Martínez de Perón: “Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada”. O todo comenzaba. Es cierto: el país no estaba bien. Había inflación, crisis sindical, violencia y una sensación de ingobernabilidad absolutamente real. Pero lo que se iniciaba esa fatídica madrugada sería peor. Asumía el control del país una Junta de Comandantes en Jefe integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Agosti. “Control del país” significó, entre otras cosas, disolución de los partidos políticos y del Congreso, anulación de la libertad de prensa y expresión, reemplazo de la Corte Suprema de Justicia, supresión de toda actividad política y sindical, entrega económica. Y, fundamentalmente, muerte. Una pena de muerte disfrazada para “quienes causaren daño a medios de transporte, de comunicaciones, usinas, instalaciones de gas o agua y otros servicios públicos; para los que contaminaren el agua, los alimentos y las medicinas; para los que causaren daños con explosiones o incendios; para los que sean sorprendidos infraganti y no acaten las intimaciones, o se enfrenten con las fuerzas de seguridad", pero en realidad significaba para todo el país que no acatara las órdenes, por más irracionales que fueran.

Comenzaba el mayor genocidio de la historia nacional. El terrorismo de Estado ocupaba los sillones. El plan de exterminio estaba en marcha. La Argentina, los argentinos, nunca más serían los mismos.

Entrega económica

El golpe de marzo del 76 puso en marcha un proceso económico liberal de redistribución del poder y la riqueza. De la mano del Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, proveniente de la más rancia aristocracia porteña y hombre de confianza de la banca internacional, se implantó la reducción del déficit en base a las privatizaciones y la transferencia de los gastos a las provincias. La economía se “modernizó” abriendo las puertas a la importación, lo que obligó a la industria nacional a competir en un plano de absoluta desigualdad. El modelo de Estado benefactor, que propugnaba el Justicialismo, y las propuestas nacionales y populares cedieron por la fuerza ante la imposición del antecedente inmediato del neo-liberalismo.

La prensa muda

Comunicado N° 19 del 24/03/76“Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales”.

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemora en Argentina a las víctimas políticas producidas por la última dictadura militar que gobernó el país, autoproclamada Proceso de Reorganización Nacional. Se conmemora anualmente el 24 de marzo en recuerdo del mismo día de 1976, fecha en la que se produjo el golpe de Estado que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, dando inicio a la dictadura militar. La fecha, instaurada como tal en 2002, es desde 2005 un día no laborable.

El 2 de agosto de 2002 el Congreso de la Nación promulgó la ley 25.633 creando al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el fin de conmemorar a las víctimas, pero sin darle categoría de día no laborable. Tres años después, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, se impulsó desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convirtiera en un día no laborable
El Congreso aceptó la propuesta del ejecutivo y declaró al 24 de marzo como día no laborable, estableciendo su inamovilidad, es decir, la imposibilidad de que se traslade al lunes o viernes más próximo.

Solidaridad

Se invita a colaborar con Red Solidaria:

http://www.redsolidaria.org.ar/

http://www.compromisocontartagal.com/

Patronales del Campo

Definicion Importante para saber:

Cierre patronal
El cierre o paro patronal, también conocido por su nombre inglés de lock-out (literalmente "cerrar y dejar fuera", expresión utilizada en inglés para referirse al apagado o puesta fuera de servicio de una máquina) es una medida de acción directa que consiste en la paralización total o parcial de las actividades de uno o varios establecimientos o actividades económicas, por decisión del empresario o patrón. A diferencia del derecho de huelga de los trabajadores, internacionalmente no hay ninguna norma que reconozca al paro patronal como derecho. El cierre patronal puede estar dirigido contra los trabajadores, especialmente los sindicatos, para evadir sus peticiones laborales, o contra el Estado, con el fin de forzarlas a cambiar determinada política pública, o como expresión de descontento contra determinado gobierno.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido el lock out como "el cierre total o parcial de uno o más lugares de trabajo, o la obstaculización de la actividad normal de los empleados, por uno o más empleadores con la intención de forzar o resistir demandas o expresar quejas, o apoyar a otros empleadores en sus demandas o quejas".

Historia
En la historia han existido algunos grandes cierres patronales, como el gran cierre patronal australiano de 1929-1930 en la industria minera, que constituyó el conflicto laboral más violento de la historia de Australia; el lock out de los camioneros en Chile, iniciado el 9 de octubre de 1972 que se generalizó a otros sectores y fue decisivo para desencadenar el golpe de estado que derrocó al presidente Salvador Allende al año siguiente; el lock out de los productores agropecuarios en Argentina declarado a fines de 1975, considerado una de las causas principales de golpe de estado de 1976 que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón.
Más recientemente se han producido cierres patronales en Uruguay, durante 2006, en el que los transportistas reclamaron contra la política implementada por el presidente Tabaré Vázquez, y en Argentina, en 2008, donde los productores rurales cuestionaron los impuestos y otros aspectos de la política agro ganadera.

Presentación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

18 de marzo 2009: la presidenta Cristina Fernández hace la presentación  en el teatro Argentino de la Plata, del anteproyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Las AFJP ya son otro recuerdo de los ’90

Anuncio de la Presidenta Cristina Fernández:

El proyecto dispone la obligatoriedad del régimen de reparto para todos los afiliados. La capitalización privada, voluntaria con aportes extra.
Con 46 votos a favor y 18 en contra, el kirchnerismo sancionó la ley que devuelve al Estado la administración de las jubilaciones. Además de los senadores oficialistas, el Gobierno sumó el apoyo de legisladores socialistas, del MPN y del ARI fueguino.


Era un final anunciado, pero no por eso menos importante. El Senado selló ayer el fin de las AFJP. Sin sorpresas ni sobresaltos, con 46 votos a favor, 18 en contra y una abstención, el oficialismo consiguió convertir en ley el proyecto que devuelve a manos del Estado el manejo sobre todo el sistema previsional. A los votos oficialistas se sumaron los de varios opositores. Los aristas fueguinos, el socialismo y el Movimiento Popular Neuquino respaldaron la eliminación del régimen de jubilaciones privadas. En cambio, el radicalismo, la Coalición Cívica, el peronismo anti K y algunos partidos provinciales rechazaron de plano el proyecto del Gobierno.

Tras casi un mes de trámite parlamentario, el Congreso transformó en ley el proyecto que la Presidenta anunció públicamente el 20 de octubre en un acto en la Anses. A los senadores les llevó ayer casi doce horas de debate en el recinto fijar posiciones que ya se conocían y definir en la votación el destino final del sistema privado de capitalización –creado por Carlos Menem y Domingo Cavallo–, que convivió durante catorce años con el estatal de reparto. Ahora, a partir de la promulgación de la ley, la Anses manejará el Sistema Integrado de Previsión Argentino (SIPA) y todos sus recursos económicos.

“Estamos ante un cambio de trascendencia histórica, tal vez después se pueda mejorar. Pero acá estamos defendiendo el núcleo duro del tema: que el Estado maneje los recursos del sistema previsional. El sector privado ha fracasado”, dijo el jefe del bloque k en el Senado, Miguel Angel Pichetto. Hacia el cierre del debate, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la Anses, Amado Boudou, seguían la sesión en el recinto junto al presidente de la comisión de Previsión de la Cámara baja, el formoseño Juan Carlos Díaz Roig. “No estamos violando el derecho de propiedad”, sentenció el senador rionegrino para ahuyentar los fantasmas sobre la litigiosidad que, según empresarios y opositores, los aportantes al sistema privado desatarán contra el Estado.

Nadie, ni defensores ni detractores del proyecto oficial, arrojó un salvavidas a las administradoras privadas. La mayoría de los 39 oradores arremetieron contra el “saqueo” que las AFJP ejercieron sobre los aportes de los trabajadores. Toda la discusión giró alrededor de la “necesidad” de otorgar más tiempo a la discusión sobre una “reforma integral” del sistema previsional y los controles que, de ahora en más, deberían ejercerse sobre el manejo de los recursos por parte de la Anses: un fondo de entre 80 y 90 mil millones de pesos que recibirá del sistema privado, más un flujo anual de entre 12 y 14 mil millones de pesos entre aportes de los trabajadores y contribuciones patronales.

Así, el oficialismo logró alinear al grueso de su tropa detrás del proyecto oficial, que llegó con algunas modificaciones desde Diputados, y dejó a la oposición sin aliados. Sólo quedaron afuera los rebeldes salteños Juan Carlos Romero –que presidió la Comisión de Presupuesto del Senado cuando se aprobó la creación del sistema privado– y su compañera Sonia Escudero. El cordobés Roberto Urquía, que tampoco avalaba la iniciativa, faltó a la cita. En cambio, los díscolos santafesinos Carlos Reutemann y Roxana Latorre acompañaron en general, pero prefirieron no expresar sus disidencias en particular durante el debate. La chaqueña Elena Corregido se plegó en general, pero expresó sus “observaciones”.

Algunos bloques opositores también respaldaron en general el proyecto: el MPN, el socialismo y el ARI de Tierra del Fuego. “Para los socialistas es volver a la Constitución. El artículo 1º determina la vuelta al sistema de reparto, aunque vamos a plantear serios reparos en particular. Los socialistas estamos votando con la misma convicción que en ’93, cuando dijimos que la privatización del sistema previsional iba a ser una gran estafa”, dijo el santafesino Rubén Giustiniani.

Desde la oposición, el arista José Martínez fue uno de los más acérrimos defensores del regreso del sistema previsional al Estado. “Coincidimos con el Gobierno, a pesar de todas nuestras críticas, en que el Estado es el que debe manejar los recursos jubilatorios”, dijo. El senador fueguino recordó que su provincia se enfrentó a Menem y Cavallo y se negó a privatizar el sistema previsional. El ex radical k Pablo Verani –que planea su regreso al redil radical opositor– pidió “permiso para abstenerse”.

El resto de la oposición mantuvo su rechazo al proyecto. “La Anses va a manejar el Fondo Monetario Nacional, con el 40 por ciento del PBI y sin ningún tipo de control”, arrancó el radical Gerardo Morales para luego pedir que el Banco Nación maneje los fondos que la Anses heredará del sistema de capitalización. Aunque admitió que “las AFJP saquearon y ralearon los bolsillos de los trabajadores”. Por la CC, María Eugenia Estenssoro rechazó de plano el proyecto oficial. “Proponemos un plazo de siete meses para discutir un sistema único de reparto, porque la precariedad institucional de este proyecto es gravísima”. Y advirtió sobre la catarata de juicios que afrontará el Estado.

Adolfo Rodríguez Saá fue la voz del peronismo anti k, con citas a Perón y críticas a un proyecto que “afecta la propiedad privada” y “la seguridad jurídica”. Chiche Duhalde prefirió no hablar en el recinto, pero también votó en contra. Sin representantes en la cámara, el macrismo recurrió al clamor desesperado para sostener con vida a las AFJP: los diputados Federico Pinedo y Julián Obiglio se ganaron un espacio en los medios al pedirle a Julio Cobos que, en su calidad de vicepresidente a cargo del Ejecutivo, vetara la ley (ver página 4). Nadie en el kirchnerismo le prestó seriamente atención al pedido. Ya habían pasado casi trece horas de debate y ni el tratamiento en particular había logrado alterar los 46 votos oficialistas. El funeral de las AFJP ya estaba en marcha.

Fuente: Casa Rosada y Pagina/12

Argumentos: Detalle